Más de $16 mil millones al Gobierno Regional de O’Higgins, $7 mil millones al Ministerio Público (que puede tener serios efectos en una región que necesita imperiosamente reforzar sus fiscalías como la de O’Higgins), $16 mil millones en el Ministerio de Salud, y muchos otros recortes se han ido conociendo tras el acuerdo del ejecutivo y la oposición para aprobar la Ley del Presupuesto de 2025.
¿Por qué llegamos a esto?, ¿Cómo afecta a O’Higgins? Y más importante que números o autoridades reclamando, ¿Cómo afecta a la ciudadanía?
Las preguntas son legítimas, pero las respuestas están lejos de ser claras, y, en algunos casos, casi imposibles de obtener.
Los orígenes del problema
El error
Hacia finales del año 2024 el gobierno anunció que por un “error de cálculo” de la DIPRES (Dirección de Presupuesto) debían efectuarse dolorosos recortes a numerosas reparticiones públicas. En O’Higgins, sin ir más lejos, el gobierno regional fue afectado con una disminución de $11 mil millones, no para el ejercicio siguiente o para el futuro, sino para el mismo año 2024, lo que significaba que proyectos que se estaban ejecutando no recibirían financiamiento para efectuar pagos esenciales.
¿Qué pasó? La DIPRES sobrestimó la recaudación fiscal de determinados impuestos (lo que se advirtió muchas veces con antelación dicho sea de paso), , en definitiva, el Estado simplemente tendría menos recursos de los “esperados” y eso desencadenó una serie de ajustes que, hasta el día de hoy, no se conocen con absoluta claridad, pero que sufrieron sensiblemente los gobiernos regionales (incluido O’Higgins), aunque es sabido que muchas reparticiones públicas los enfrentaron.
Falta de crecimiento
Pese a las declaraciones del presidente Boric en la materia, Chile crece menos de lo que, en opinión de expertos, podría o peor aún, debería crecer. Un 2,3% es insuficiente para afrontar los múltiples desafíos que asume y ha seguido asumiendo el Estado y eso contribuye, sin lugar a dudas, a que se deban recortar presupuestos, incluso en áreas sensibles como salud o seguridad ciudadana.
Las modestas expectativas de crecimiento para los próximos años hacen inviable asumir desafíos mayores en términos presupuestarios, menos aún si se producen “errores” en la estimación de lo que se recaudará en impuestos.
Entre contradicciones y nebulosas
Mientras se recortan presupuestos en ejecución y se anuncian nuevas restricciones, se anuncian millonarias adquisiciones en materia comunicacional, probablemente motivadas por el año electoral que afrontaremos y las discusiones políticas parecen ocultar más que aclarar lo que ocurre con las finanzas del país.
La reciente polémica de los traspasos de Corfo al presupuesto de la nación no hacen sino aumentar las dudas respecto a la solvencia de nuestro Estado y la administración del actual gobierno y la pregunta, por coloquial que parezca se hace inevitable ¿Tiene plata el Estado o no?
La respuesta parece depender de otra pregunta, ¿Para qué?, tal vez para financiar proyectos de educación para resistir la acción del Estado en tiempos de revuelta popular o para campañas comunicacionales sí, pero para aumentar la cantidad de fiscales o para contratar especialistas en los hospitales o pagar los bonos comprometidos con los funcionarios de la salud, no.
A propósito de los recortes en el Ministerio Público las quejas del Poder Judicial se hicieron escuchar, donde incluso se ha transparentado ciertas teorías internas sobre eventuales «represalias».
Bajo este escenario, el subsecretario del interior, Luis Cordero, dijo en emisora capitalina, que la Fiscalía debería dejar las «teorías de la conspiración» en una sobremesa.
«En Chile no hay autonomías presupuestarias», enfatizó Cordero quien pidió dejar «las estridencias» porque «a nadie se le puede pasar por la cabeza que esto sea una reacción del mundo político».
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, sostuvo que «esperamos que en esa reunión se pueda revertir la decisión del Gobierno del recorte presupuestario. Entendemos que por temas de plazos esto no podría operativizar sino recién a mediados de año».
«Esperamos que siempre sea posible, con voluntad política, tomar decisiones en el sentido de revertir esta mala decisión que tomó el Gobierno. Es una mala noticia, no solamente para la Fiscalía, sino para el país», agregó.
Lo curioso de esta polémica es que se resolñvió mediáticamente sin ninguna claridad respecto del recorte, no se explicó si se produjo o no, si se redujo o a qué áreas del Ministerio Público afectaría.
Y no es el único sector que ha protestado sin que exista una respuesta clara. En el área de la salud también se abrió otro flanco de controversia luego de que se recortaran recursos de Fonasa, del Instituto de Salud Pública, entre otras instituciones. Las críticas llegaron desde el propio oficialismo.
El senador socialista por O’Higgins Juan Luis Castro expresó que «aquí se violó ese protocolo porque en materia de salud sí hay una afectación del orden de 16.000 millones de pesos. Y a eso se agrega que oblicuamente se castiga a tribunales y al Ministerio Público. O sea, áreas como la seguridad y la salud, que por definición quedaron al margen de todo daño por la reducción, sí aparecen gravemente afectados».
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