La concejala de la comuna de Machalí, Soledad Oyarzo, conversó en exclusiva con El Tipógrafo sobre el requerimiento que presentó junto a sus pares Héctor Labbe, Doris Valdivia, y David Alcaino, en la Contraloría regional para realicen dos pronunciamientos, uno de ellos sobre el estado de la piscina en la que ocurrió la trágica muerte del menor de 17 años, el domingo 2 de febrero.
Comienza señalando que el día posterior -lunes 3 de febrero- «tuvimos una reunión con los concejales, -Doris Valdivia, Héctor Labbé y David Alcaino- y tomamos la decisión de pedir un consejo extraordinario para el día martes».
«Hicimos la carta y se lo llevamos al administrador municipal, la recepcionó y después en la tarde, -tipo 7-, tuvimos la respuesta aludiendo al artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que ese tema a nosotros no nos compete, siendo que nosotros somos fiscalizadores», continúa relatando.
Continúa, declarando que «yo después en la tarde, -tipo 10 de la noche-, envío un correo solicitándole al secretario municipal, que él era nuestro ministro de fe y que él tenía que citar. Bueno, no pasó nada ese día lunes en la noche y el martes nos volvimos a reunir para trabajar, para redactar la carta».
«Y el día miércoles hicimos el pronunciamiento en Contraloría y solicitamos que la Contraloría se manifieste por cuáles son las atribuciones que tiene el administrador municipal, porque el artículo 30 indica sus atribuciones y no está el que pueda tener la atribución de suspender un consejo municipal solicitado por cuatro concejales. Ya porque el artículo 84 dice que por un tercio los concejales pueden solicitar un consejo extraordinario. Nuestra intención no era referirnos al tema de la investigación o los rumores», detalla la concejala, sobre la no realización del concejo extraordinario.
Sobre la razón del por qué estaban solicitando la instancia mencionada, precisa que, «nosotros queríamos revisar si se estaba dando cumplimiento el decreto 209 de uso de piscinas. Era eso. Y ahí nosotros queríamos ver si se estaba cumpliendo la normativa. Queríamos ver si se había enviado el protocolo de funcionamiento a la Seremi Salud, si los salvavidas tenían el curso aprobado, si se había enviado el decreto alcaldicio del administrador municipal y el suplente, ver el ingreso, la mantención, el cambio de agua, todo ese tema».
Afirmando que, «porque nosotros como fiscalizadores tenemos que verificar que eso se cumpla. Y fue por eso«.
«Y también pedimos en Contraloría que el Seremi Salud haga su pronunciamiento para ver cuándo había ido fiscalizar la última vez y si ellos habían recibido la información que el decreto 209 determina«, agrega.
Soledad Oyarzo, para ir englobando el requerimiento de pronunciamiento a Contraloría, es clara en explicar que solicitan que, «quede claro las competencias de la Administración Municipal, para que no vuelva a ocurrir que nosotros, si tenemos un concejo, este no se realice. Y queremos ver si se está cumpliendo con la normativa legal de funcionamiento de la piscina»
«Porque quizás hay responsables, entonces necesitamos que eso se sepa, porque nosotros estamos aquí, somos elegidos de forma popular y tenemos que responder a nuestros vecinos», finaliza.
Te dejamos a continuación la entrevista completa:
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