La tragicomedia de equivocaciones gubernamentales en un caso que puede llegar a tener graves consecuencias políticas y administrativas fue revisada por los parlamentarios de la región.
El senador socialista Juan Luis Castro apuntó que “obviamente que hay una cadena de errores cuya responsabilidad política la pagó la ministra de Bienes Nacionales. Jurídicamente lo que está sucediendo es que se está rescindiendo ese contrato y políticamente esto se va a zanjar en el Tribunal Constitucional. Obviamente las confianzas están resentidas porque los equipos jurídicos del gobierno por meses no repararon en algo que debió haber sido visto desde el principio y eso espero que el nuevo ministro lo resuelva lo antes posible, sin pausa y ojalá con mucha prisa”.
El diputado PPD, Raúl Soto en tanto sostuvo que “qué duda cabe de que la fallida compra de la casa del expresidente Allende fue un error tremendo. Creo que aún quedan puntos relevantes por aclarar por parte de la ministra Maya Fernández. Si bien la exministra de Bienes Nacionales fue removida de manera oportuna por su responsabilidad política, creo que no es suficiente. No puede ser que asesores de distintos ministerios no hayan sido capaces de alertar este problema, exponiendo incluso al Presidente”.
Por su parte la diputada independiente de ChileVamos Natalia Romero señaló que “la fallida compra de la casa de Allende vino a revelar dos cosas. La primera, la profunda y preocupante falta de preparación que existe al interior del gobierno, al punto que durante varios meses ninguna autoridad o funcionario se percató de la grave infracción constitucional que estaba cometiendo una ministra y una senadora. Y la segunda, el uso discrecional de los recursos por parte de esta administración y la incapacidad de entender cuáles son las verdaderas prioridades de nuestro país. Así lo vimos esta semana con la inexplicable reducción en $7.000 millones del presupuesto de la Fiscalía para este año, lo que evidentemente perjudicará el éxito de las investigaciones penales en materia de delincuencia, narcotráfico y crimen organizado”.
El senador gremialista Javier Macaya por su parte, expresó que “es preocupante el timming que tiene el Gobierno, cuando el país atraviesa una crisis económica profunda y hay una falta de soluciones efectivas para los problemas que afectan a la mayoría de la población, decide destinar recursos a la compra de una casa que representa más bien una decisión ideológica que una que piense en todos los chilenos. Además, es insólito que ningún asesor del Presidente haya hecho la advertencia, pero también resulta sorprendente que ni la senadora Allende, que lleva décadas en el Congreso, ni la ministra Fernández no hubiesen alzado la voz para decirle al Presidente que esto no se puede hacer”.
Por otro lado, la diputada oficialista independiente, Marcela Riquelme fue clara al señalar que “es un error inexcusable de parte del gobierno. El artículo 60 de la Constitución ha sido objeto de múltiples interpretaciones en estos últimos días, a pesar de su claro tenor, motivo por el cual además desde la cámara se ha solicitado la formación de una comisión investigadora, lo que creo permitirá zanjar el tema para determinar qué filtros o que revisiones fallaron para haber llegado hasta ese punto. No creo que sea responsabilidad de una única persona, existen equipos jurídicos que revisan estos contratos, y sería justo escuchar su apreciación de los hechos antes de apuntar a más responsabilidades. Por lo demás y considerando las necesidades de compra de suelos, ante la emergencia habitacional, no estoy de acuerdo con la oportunidad en la que se realizan estas compras frustradas, tal vez la donación habría sido lo más prudente”.
La legisladora del distrito 16, y militante de Renovación Nacional Carla Morales sostuvo que “este tipo de situaciones erosionan la confianza pública en las instituciones, ya que se percibe como una falta de transparencia y manejo adecuado de los recursos. Sobre todo, cuando desde el Gobierno siempre hablan de la falta de presupuesto, creo que acá se deben investigar más aristas, porque la realidad es que existió la intención de hacer está compra y si no fuera por la presión que se ejerció se habría concretado».
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