Tras el asesinato en Santiago del ahora suboficial mayor, Daniel Palma, oriundo de Rancagua, el Presidente de la República instruyó que se adelante la implementación del llamado Plan Calle Sin Violencia, que ha sido diseñado por el Ministerio del Interior en máxima coordinación con ambas policías.
En ese marco, la ministra Carolina Tohá había señalado que serán 30 las comunas a priorizarse, aunque en su momento, no dio más detalles al respecto, mencionando sólo que habría una comuna piloto que sería Santiago.
Lo que expresó el Presidente sobre el plan, son más bien generalidades e intenciones de lo que se debería hacer y lograr, sin haber un especificidad al respecto.
“La política del Plan Calle Sin Violencia es concreta y efectiva, va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías no sólo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, el fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, la creación del delito de extorsión, como señalaba anteriormente y el endurecimiento de penas para el delito de secuestro promulgadas esta mañana”, indicó.
Cabe destacar que este plan se focalizará en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos, y será acompañado, además, de recursos destinados a fortalecer sus áreas verdes, sus espacios de deporte y sus espacios educativos que son, también, formas más eficaces en el largo plazo para combatir la delincuencia.
Recursos adicionales
Junto con lo anterior, el Presidente informó que dispuso que se destinen un total de US$ 1.500 millones anuales en régimen para que, “sumados a los incrementos que ya hemos hecho, considerados en el Presupuesto 2023, involucrarán un incremento en torno al 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad a las que me he referido anteriormente. Estos son recursos extra que se ejecutarán anuales en régimen”.
“Los recursos adicionales se irán aportando a medida que se vayan adoptando las medidas administrativas, que para todos los funcionarios tienen sentido de urgencia, y las reformas legales que lo dispongan, financiándose con fondos de emergencia del tesoro público, no reasignaciones, no fondos ya destinados a otra cosa”, aclaró.
Este fondo permitirá reforzar la protección a la policía con equipamiento y material más seguro. En materia de persecución penal, va a permitir la focalización de la persecución para poder esclarecer los homicidios y delitos asociados, reforzando la acción investigativa especialmente donde existe tráfico de armas.
En materia de reforzamiento de la actividad policial, además de la renovación del parque vehicular que ya estaba en marcha, “vamos a poder tener una fiscalización intensiva del control de armas, aumento de patrullajes, dotación adicional en Carabineros para estas tareas, liberándolos también de tareas administrativas, y un programa especial para el reforzamiento de los equipamientos de protección de nuestras policías, Carabineros y PDI”.
En materia de fiscalización e infracciones, anunció que se va a aumentar la fiscalización municipal del comercio regular e irregular, y la fiscalización de los inmuebles ocupados de manera abusiva o ilegal, entre otras cosas.
Por último, en relación a las intervenciones comunitarias, “vamos a aumentar las inversiones relativas a la prevención del delito, en particular en cámaras de seguridad, en luminarias, en cámaras para las policías que implicará un aumento de la inversión en mejoramiento de espacios públicos a través de Subdere, Minvu y municipios”.
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