Parlamentarios de la UDI enviaron una carta a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por la política de medios de comunicación que ha planteado la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
La iniciativa del Gobierno busca combatir la desinformación y diversificar el sistema de medios, por lo que se realizó un convenio con la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera y la Universidad de La Serena llamado «Más Voces: medios de comunicación y democracia», que permitirá elaborar una mesa de trabajo a cargo de la ex presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares (PC).
La misiva fue enviada la semana pasada por Juan Antonio Coloma, Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero de la región de O’Higgins, y estaba dirigida al presidente de la SIP, Michael Greenspon, alertando de una posible «grave amenaza a la libertad de prensa».
«El pleno ejercicio de la libertad de expresión, sin censura previa y sin el temor a sufrir represalias de ningún tipo, constituye un pilar fundamental del régimen democrático. En tal sentido, la línea editorial de los medios de comunicación se erige como un aspecto de vital importancia en la difusión de ideas y noticias, excluyendo la posibilidad de que medidas gubernamentales generen una intervención indebida en la interacción de la prensa con la ciudadanía», se lee en el texto.
Así, los diputados de oposición aseguran que «es posible sostener que hay indicios de la influencia ideológica del gobierno en el desarrollo de la iniciativa en comento, cuyo informe final podría contener recomendaciones que decanten en políticas públicas tendientes a regular o controlar los medios de comunicación, lo que, a su vez, constituye una grave amenaza a la libertad de prensa, sobre todo en sociedades democráticas que propenden a garantizar el periodismo plural e independiente».
En la misma línea, sostienen que la medida «atentaría contra los valores de una sociedad que defiende los derechos fundamentales y la plena realización de las personas, en un entorno libre de controles o regulaciones que puedan coartar el trabajo de disciplinas asociadas a las comunicaciones y, con ello, el derecho a ser informado que asiste a cada integrante de las sociedades democráticas».
La iniciativa se suma al proyecto de Ley presentado por parlamentarios oficialistas que busca “prevenir y sancionar el lavado verde de imagen o greenwashing” en el que básicamente se prohíbe a las empresas publicitar como sustentables prácticas que se ejecuten por el mero cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias (art. 3 inc. 2). Hacer publicidad de sustentabilidad cuando las empresas hayan sido condenadas por daño ambiental por sanciones graves o gravísimas (art. 4), así como la prohibición de hacer publicidad para empresas cuyos directores hayan sido condenados por diversos delitos y también abstenerse de realizar afirmaciones públicas relativas a un proyecto ambiental que se encuentre en evaluación (art. 6).
Las iniciativas, aunque apuntan a diferentes problemáticas comparten un núcleo común, la afectación desproporcionada de la libertad de expresión y la limitación de las fuentes de financiamiento de los medios de comunicación. Sobre estas preocupaciones la Seremi de gobierno de la región de O’Higgins Patricia Torrealba llamó a la calma “el gobierno trabajará estos temas con los medios de comunicación, todos podrán participar de la discusión y podremos llegar a buenos acuerdos para que la ciudadanía esté bien informada y los medios puedan realizar su labor adecuadamente”.
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