Desde el pasado 7 de febrero la empresa Sacyr, tras adjudicarse los trabajos de mejoramiento de la Ruta G-66, conocida como Carretera de la Fruta, tomó control de esta vía para hacerse responsable del mantenimiento hasta que se construya el camino final.
Una reunión informativa se llevó a cabo entre representantes de Obras Públicas, la concesionaria del proyecto y alcaldes de algunas comunas que atravesará la cuestionada ruta, que tiene autoridades a favor y en contra por considerar que algunos sectores se convertirán en “zona de sacrificio”, debido a que el trazado va por la orilla del río Cachapoal.
Dentro de quienes se oponen, se encuentra la Asociación de Ribereños, quienes habían anunciado que emprenderían acciones legales para detener la obra y efectivamente ya decidieron cuál es el camino que tomarán.
En este sentido, Oscar Montedónico, presidente de la asociación, declaró que la licitación para esta obra fue hecha con la resolución ambiental número 0255, del 13 de marzo del 2013.
En este sentido, señala que “las resoluciones ambientales tienen una duración de 5 años», por lo tanto «esa resolución caducó el 13 de marzo del 2018».
Eso sí, aclara que «pueden prorrogarse si se mantiene un trabajo permanente y sistemático», pero se pregunta: «¿qué es lo que presentaron como trabajo permanente y sistemático? los trabajos del 2012 donde estaban las expropiaciones y otras cosas y el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sin preocuparse de ratificar eso y analizar la situación, les dio el pase”.
“En base a ese pase construyeron toda esta estafa, este fraude y a eso nosotros le vamos a presentar el recurso la próxima semana, primero un recurso administrativo al mismo Servicio de Evaluación Ambiental y a la Superintendencia de Medio Ambiente», adelanta Montedónico, quien proyecta que «según el fallo, eso pasa a los tribunales de justicia, que es lo más probable que pase, porque ellos no van a aceptar fácilmente que cometieron un error”.
Explicó que para hacer una obra de este tipo se tiene que obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y si es favorable se puede trabajar. “Nosotros decimos que esa resolución que pretenden usar es del 2008 y calificada en el 2013, administrativamente ya hay un error y además en términos técnicos hay otro error, porque la situación de sequía que tenemos hoy en el 2020 no es la misma del 2013 y la situación que había en la vegetación en el costado del río en el 2013 no es la misma que en el 2020. Van a tener que hacer un estudio nuevo si es que pretenden seguir con ese proyecto”.
Señaló que van a proceder contra el MOP y SEA y que a esté último servicio público está dirigido el primero de los recursos administrativos: “Primero va al Servicio (Evaluación Ambiental), después pasa a la superintendencia (de Medio Ambiente), porque el director autorizó una prórroga en estos términos, la presentaron a menos de dos meses antes. Las presentaciones de trabajos continuos, esos trabajos continuos no son tan continuos”.
“Con fecha 30 de enero de 2018, mediante el ordinario 026 y faltando menos de dos meses para que transcurre el plazo de caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, el MOP presentó una solicitud para dar cuenta del inicio de la ejecución del proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental”, según reza el documento. “El MOP fraudulentamente da cuenta del inicio de la ejecución del proyecto ante el SEA. Hace dos años que está mintiendo el MOP”, reiteró el ribereño.
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