El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-66, conocida como la Carretera de la Fruta, ha generado posiciones dispares entre los alcaldes de las comunas que están consideradas en el trazado que se concesionó a la empresa Sacyr.
Por una parte, el jefe comunal de Pichidegua, Adolfo Cerón, insiste en su postura, donde señala que la ciudad asumirá las consecuencias de que la carretera vaya por la ribera del río, ya que la intervención con áridos en el Cachapoal provocará inundaciones que generarían importantes daños sobre todo el sector agrícola, transformándolo en una “zona de sacrificio”.
Por otra parte, Fermín Carreño, alcalde de Peumo, se mostró “contento y satisfecho porque este proyecto ya se empieza a concretar”.
“Hoy día nos hemos reunido con las autoridades del MOP (…) la empresa ha tomado posesión de la carretera y nosotros como comuna estamos muy contentos porque el trazado se ha ratificado por el sector del río”, sostuvo Carreño, añadiendo que “para Peumo lo más conveniente es que vaya por el río”.
El edil se mostró receptivo a trabajar con la empresa que desde este viernes 7 de febrero tomó posesión de la carretera: “vamos a colocarnos de acuerdo para poder trabajar con ellos en el mantenimiento de todo lo que es la ruta”.
Por su parte, el alcalde Adolfo Cerón insiste en que “Pichidegua se va a convertir en una zona de sacrificio como ha ocurrido en muchos lugares de Chile”, precisando a continuación que “hemos hecho ver hace mucho rato nuestras observaciones, nuestras aprensiones, respecto a este mal proyecto. Originalmente el proyecto no era este (por la ribera del río), era por la ladera del cerro (…) de manera que es un proyecto que cambió absolutamente y de manera permanente le hemos hecho ver al MOP y todos los ministros que han pasado y hemos sido bien poco escuchados”.
Cerón va más allá y cuestiona las razones detrás del cambio del trazado: “creemos que hay una serie de cuestiones irregulares respecto a este proyecto y no lo digo yo, lo dijo el diputado (Juan Luis) Castro en algún momento en que sostiene que esto es negocio de áridos, porque no es posible que por efectos de la extracción de áridos suba 200 millones de dólares”.
Sobre las distintas posiciones, el seremi de Obras Públicas O’Higgins, Moisés Saravia, fue prudente y señaló que “si no tenemos el proyecto definido no podemos conocer cuáles son las eventuales complicaciones que puedan tener las comunas (…) técnicamente todo puede ser resuelto”.
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