La jueza suplente de Pichilemu, América Rojas, declaró admisible una querella por el presunto delito de falsificación de instrumento público, interpuesta en contra del notario y conservador de Bienes Raíces de dicha comuna, Juan Pablo Urzúa, y también en contra del prospector minero Luis Tolra y del constructor civil Miguel Ángel González, por su eventual complicidad en los hechos.
La acción judicial fue presentada por Pedro Silva Vivanco, agricultor e hijo del dueño de un terreno inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu en 1993, que ahora estaría siendo afectado por la inscripción irregular, a favor de Tolra y González, de una propiedad denominada Cahuinhue de una superficie de 11,69 hectáreas.
La inscripción se realizó amparada en el artículo 58, que permite a los Conservadores de Bienes Raíces validar los títulos de predios que nunca haya sido inscritos en la instancia, además de la publicación en un periódico provincial o regional y un cartel fijado durante quince días en la oficina del Conservador, con las designaciones relativas a las personas que transfieran y a los límites y nombres de la propiedad y la materia del contrato, siendo responsabilidad del Conservador certificar el cumplimiento de dichos requisitos y su protocolización.
En la querella interpuesta se explica que: “La norma en comento fue creada con objeto de fomentar la inscripción de los títulos y de las propiedades en el siglo XIX, por lo que es de toda lógica que en el siglo XXI a más de un siglo de la creación del registro Conservatorio de Bienes Raíces, dicha situación sea escasa o inexistente y extraño,de que alguien intente regularizar un predio por una norma que tiene ya más de 100 años de vigencia, no existiendo más casos a nivel nacional, haciendo presente que solo se da esta situación en la comuna de Pichilemu, existiendo a lo menos 30 casos de este tipo de inscripción, donde el señor notario de dicha comuna, realiza cobros de entre 3 a 10 millones de pesos, e inclusive su propia casa la inscribió en virtud del artículo 58 del Reglamento Conservatorio».
Agrega que «además como ya se ha señalado el conservador tenía pleno conocimiento de la existencia de títulos inscritos respecto a la propiedad que se regularizo e inscribió a través del articulo 58 el reglamento, existiendo claramente un acuerdo entre conservador y quienes suscribieron posteriormente el contrato de compraventa en el año 2018, y quienes regularizaron por la norma antes mencionada».
Esta situación fue cuestionada legalmente por Silva, quien afirmó al Diario El Marino que la inscripción se realizó “a sabiendas de los títulos existentes con anterioridad; se puede acreditar con testigos, documentos, correos electrónicos, que dan cuenta del conocimiento por parte del Conservador de dicha situación, pero procediendo igualmente a inscribir el título, faltando a la verdad de los hechos sustanciales”.
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