El pasado lunes 1 de abril se dio inicio a la Operación Renta, proceso que este año estará marcado por una nueva modalidad que tiene como protagonistas a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Dichas personas estarán obligadas por ley a cotizar parte de sus ingresos declarados, los cuales estarán destinados a previsión social y así asegurar su acceso a pensiones, seguros y planes de salud.
Hernán Frigolett, académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago y ex Tesorero General de la República, señala que, si bien el Fisco no perderá fondos al traspasar los dineros provenientes de la devolución de impuestos a entidades privadas como las AFP o las Isapres, sí tendrá problemas al costear deudas asociadas a créditos fiscales o universitarios.
“Respecto a las deudas educacionales que se generen mediante el crédito universitario o fiscal, van a tener que buscar otras fuentes de recaudación mediante la vía judicial”, plantea el economista. Frigolett añade que, a medida que avance la gratuidad universitaria, “será un problema en términos de cómo recuperar los dineros morosos”.
Otro cabo suelto que expone el académico es la cobertura de los planes de salud de las Isapres y la doble cotización que tendrán los contribuyentes respecto a los pagos realizados en 2018. Si bien la Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, aclaró que así podrán costearse planes futuros, Frigolett enfatiza en que existen contratos vigentes y modalidades de pago pactadas con las Isapres. “Por tanto, el Servicio de Impuestos Internos no tendría por qué retener si ya se tiene un acuerdo. Hay un doble pago que no tiene ninguna razón de ser”, expresa.
Con todo, reconoce que con esta medida “se está ‘emparejando la cancha’ entre los trabajadores dependientes y los independientes”, obligándolos a cotizar según lo que exige la ley, y así afiliarse a los sistemas de cobertura social, concluye.
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