El gobierno le pidió la renuncia al director regional de Serviu, Víctor Cárdenas, quien estuvo en el cargo durante toda la anterior administración de la presidenta Michelle Bachelet. El ingeniero recibió la notificación este jueves, tras lo cual decidió tomar vacaciones hasta el próximo 15 de abril.
La medida que afectó al jefe regional del Serviu se llevó a cabo en todo Chile, ya que -según información emanada desde La Moneda- la semana pasada se le solicitó a todos los directores de este servicio público que pusieran su cargo a disposición.
La petición de renuncia que afectó a Víctor Cárdenas, es la primera que se le solicita a un director de servicio en la región de O’Higgins.
La salida del titular de Serviu O’Higgins se da luego que en enero le renovaran contrato por tres años. Según la ley, los directores de servicios son designados por sistema de Alta Dirección Pública, por lo cual, no están obligados a renunciar cuando hay un cambio de gobierno y podrían ejercer el cargo hasta la fecha que dictan sus contratos.
Asimismo, el texto legal establece que el presidente de la república puede solicitar la renuncia a los directores regionales, pero el Estado tendría que indemnizar a las autoridades por los años de servicios, con un tope de seis años.
Cárdenas ya había enfrentado una situación similar cuando en noviembre de 2010 el primer gobierno de Sebastián Piñera le pidiera la renuncia a la dirección del Serviu en la Región de Aysén.
Durante su gestión en O’Higgins se realizaron importantes remodelaciones en arterias relevantes de distintas comunas, como Manso de Velasco en San Fernando, avenida Riquelme en Rengo y calle Membrillar en Rancagua. También se avanzó en el Programa Reactivación Económica e Integración Social con la construcción de viviendas.
La permanencia de los directores de servicio, sin renuncia voluntaria tras el cambio de gobierno, ha suscitado controversia a nivel político. En Chile Vamos han surgido voces que cuestionan el hecho. Diego Schalper, diputado RN por el distrito 15, expresó semana atrás a El Tipógrafo que “en la práctica, lo que quieran estas personas es que se les despida, ¿para qué? para negociar indemnización”, lo que califica como un acto “mezquino”.
El gobierno lo que quiere es con contar con personas afines a su postura política para así llevar adelante los planes del Ejecutivo en las distintas reparticiones públicas. Pero en muchos casos esto se enfrenta con lo estipulado por el Sistema de Alta Dirección Pública, que desde el año 2003 busca introducir un filtro de mérito en la nominación de las jefaturas de servicios y otros cargos, evitando que personas no calificadas (“operadores políticos”) ocuparan puestos directivos en el sector público.
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