El parlamentario comentó el fallo del caso farmacias.
Medidas drásticas contra la colusión, incluyendo penas de cárcel para los ejecutivos de las empresas que incurran en esta práctica, es lo que espera el diputado DC Sergio Espejo, en medio del debate del proyecto de Defensa de la Libre Competencia en el Congreso. “En un clima de desconfianza generalizada, es deber del Estado sancionar a quienes se coluden y vulneran esas confianzas”, añadió el parlamentario.
A raíz del fallo del caso farmacias que absolvió a 10 altos ejecutivos de las cadenas Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada, acusados de alterar de forma fraudulenta el precio de 220 medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008, Espejo precisó que la iniciativa ha recibido numerosas indicaciones en la Cámara. Por ello, para agilizar el debate, los diputados DC pidieron al gobierno urgencia al proyecto que fortalece el sistema de Defensa de la Libre Competencia y el perfeccionamiento de las herramientas que combaten la colusión.
“Queremos poner el acelerador en este proyecto para no volver a vivir la enorme indignación que causó el fallo del caso farmacias, que dejó libres a 10 ejecutivos simplemente porque hoy nuestro marco legal es insuficiente”, explicó Espejo.
A juicio del diputado por el distrito 35, “establecer un tipo penal especial para casos de colusión nos permite terminar de manera efectiva con la participación de personas naturales en este tipo de prácticas, ya que independiente de la pena recibida, se establece una pena accesoria de inhabilitación absoluta para desempeñar cargos u oficios públicos, cargos de director o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas, así como cualquier cargo directo en asociaciones o colegios profesionales, por un plazo de cinco años contados desde que la sentencia definitiva quedare ejecutoriada”.
El proyecto de ley tipifica en forma clara la colusión como delito sancionando con penas de cárcel de 5 años y 1 día a 10 años a quienes se vean involucrados en esta clase de conductas.
Actualmente la colusión está sancionada en nuestro país con una multa máxima de US$ 25 millones en contra de las empresas que participan del acuerdo, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del pago de dicha multa que pudiera caberles a sus directores, administradores y aquellas personas que se hayan beneficiado de estas malas prácticas.
La iniciativa en discusión propone elevar esas multas a una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, si es que éste puede ser claramente determinado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o, en caso contrario, hasta el 30% de las ventas del infractor correspondientes a los productos o servicios objeto de la colusión, durante el período por el cual la infracción se haya prolongado.
El parlamentario ejemplificó que actualmente en Chile, mientras las ganancias a raíz de la colusión en la industria avícola superaron los US$1.500 millones, las sanciones no superan los cien millones de dólares.
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