Por una votación unánime, Pablo Fuentes Castro,fue declarado culpable del delito de homicidio simple.
Por una votación unánime el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua declaró culpable a Pablo Fuentes Castro, el funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que disparó en contra de Rolando Véliz Godoy, quien falleció producto de un impacto de bala en su brazo. El próximo lunes se dará a conocer la sentencia en que la Fiscalía pide 10 años de cárcel, mientras que la defensa solicitó una pena remitida.
“Es una resolución que a nosotros nos favorece, es la pretensión que nosotros teníamos. Lo que le estábamos pidiendo al tribunal era una condena por un delito de homicidio y no por otra figura distinta. El tribunal acogió nuestros planteamientos, dictó un fallo y en el resumen de ese veredicto pudimos escuchar que la consideración fue básicamente en base a las pruebas que rendimos”, indicó la fiscal a cargo de la causa, María Pilar Moya.
En la lectura del veredicto la jueza presidenta del Tribunal, Paulina Chaparro, relató a la partes que en el fallo no hubo controversia en las pruebas presentadas por el Ministerio Público y que tampoco hubo debate en la causa y forma en que falleció el estudiante el pasado 12 de noviembre de 2013.
Durante el juicio la defensa del imputado, el abogado Fernando Díaz, cuestionó la prueba balística presentada por la Fiscalía e investigada por el Laboratorio de Criminalística (Labocar), sin embargo, la terna de jueces en su fallo no lo cuestionó e indicaron que la causa de muerte fue por un proyectil de carácter homicida.
Al respecto y en torno a los cuestionamientos de la defensa a la prueba balística, la fiscal manifestó que “evidentemente la defensa, y lo escuchamos desde un principio, pretendió restarle validez y eficiencia a esta prueba pero el tribunal la acoge en la calidad que tiene. Ahora, es un elemento que arribó a la convicción del tribunal sobre la autoridad del disparo pero es un elemento más, también estaban las pruebas de los testimonios y los testigos que fueron imparciales en esta declaración”.
En la instancia la terna de jueces también desestimó absolver al funcionario de la PDI, ya que no se habría podido acreditar que su actuar se desarrolló en el marco de un procedimiento policial. Asimismo, el tribunal se acogió la demanda civil presentada por la parte querellante, que si bien es de 60 millones de pesos, el tribunal deberá determinar el monto el próximo lunes, oportunidad en que se leerá condena.
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