El diputado Juan Carlos Latorre precisó el texto legal entrega a la Dirección General de Aguas (DGA), entre otros puntos, la facultad de ordenar la paralización y el cegamiento de un pozo en caso de acreditarse la extracción de aguas.
A juicio del diputado DC Juan Carlos Latorre, cualquier medida que lleve a la mejora en las fiscalizaciones del uso de aguas es relevante para los agricultores, especialmente los de la Región de O’Higgins, por lo que durante una sesión en la Cámara de Diputados, Latorre informó sobre las modificaciones al marco normativo y regulatorio.
“Lo que se pretende con la introducción de esta propuesta legal, es establecer mayores sanciones y nuevas herramientas de fiscalización, perfeccionando la legislación vigente en torno al uso del agua, ya que hoy en día, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas, y de los esfuerzos para aumentar la fiscalización de dichas extracciones, el diagnóstico común es que estas medidas no han resultado eficaces y que todavía hay personas que se aprovechan de este recurso hídrico en desmedro de muchos de nuestros agricultores y especialmente pequeños y medianos agricultores y campesinos”, destacó el legislador por el Distrito 35.
En ese sentido, Latorre precisó el texto legal entrega a la Dirección General de Aguas (DGA) la facultad de ordenar, mediante resolución fundada, la paralización y el cegamiento de un pozo en caso de acreditarse la extracción de aguas en un punto no autorizado por ella, y adicionalmente, el organismo podrá exigir la instalación de sistemas de medida a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales u organizaciones de usuarios que extraigan aguas directamente desde cauces naturales de uso público. Dicho sistema deberá permitir que se obtenga y almacene la información indispensable para el control y medición del caudal instantáneo, efectivamente extraído desde la fuente natural.
Con respecto a las sanciones penales, el diputado DC indicó que “estas se han aumentando a presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multa de 5 mil UTM para quienes, sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos saquen agua y hagan uso de ellas; rompan o alteren obras relativas a la contención y canalización de aguas y usurpen derechos en este sentido, lo que indudablemente se constituye en un paso para evitar estos tipos de abuso”.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas