La renuncia del seremi de Economía de O’Higgins, práctica que se ha vuelto normal, develó una crisis que va más allá del simple cambio de autoridad. Es el síntoma de un problema estructural: la dificultad para transformar recursos públicos en proyectos y obras concretas. Mientras el nivel central informaba de su salida por «evaluación deficiente», a nivel regional la ejecución presupuestaria al mes de julio, es de apenas un 23,5%, la más baja del país.
Dicen que es causa de la «tramitología» (esa pulsión de inventar palabras en un idioma tan versátil) y las demoras de la Dipres y Contraloría. Es cierto que existen dificultades administrativas, pero las reglas fiscales rigen para todo Chile y O’Higgins mira desde el fondo. ¿Por qué algunas regiones son más eficientes que otras? Interpretemos el problema en clave de procesos y no de culpa.
En la ejecución de los recursos participan Ministerios, Servicios Públicos, Gobierno Regional y Municipios. Una buena gestión regional exige anticipar obstáculos: diversificar la cartera de proyectos y disponer de alternativas cuando alguna iniciativa se entrampa.
La brecha impacta especialmente a los municipios rurales, por limitaciones técnicas. Allí el Gobierno Regional debe ser más proactivo en planificación, coordinación y gestión.
El costo de la lentitud no es abstracto. El proyecto de presupuesto contempla para O’Higgins un recorte del 18% para el próximo año, superior a $15.500 millones.
En tiempos de estrechez es clave la capacidad de ejecución: no son solo números; son empleos que no se crearán, equipos que no serán renovados y la avenida Sanchina que amenaza con convertirse en monumento al cross country. En un escenario de estancamiento económico, la incapacidad de gestión tiene un costo que, finalmente, paga la Región de O’Higgins.
