En su homilía del Te Deum, el cardenal Chomalí definió la corrupción como un cáncer y enemigo número uno de Chile, puerta de entrada al crimen organizado. Es difícil no coincidir. Más allá de nuestras diversas cosmovisiones, el daño estructural que la corrupción provoca en la democracia es innegable.
El prelado sitúa el origen un una codicia sin límites. Sin restar valor a esa reflexión ética, desde el análisis jurídico y criminológico sabemos que la codicia es una constante humana. El desafío, por tanto, no radica solo en la moralidad de quien ejerce un cargo público, sino también en comprender la compleja dinámica de quienes corrompen y las estructuras que lo hacen posible.
La corrupción no ocurre en el vacío: requiere de actores que, muchas veces desde estructuras corporativas, buscan influir, capturar o instrumentalizar las decisiones del Estado.
Hoy, nuestro país cuenta con normas para enfrentar este escenario. La Ley sobre delitos económicos y los modelos eficaces de prevención de delitos corporativos, de la Ley 20.393. La arquitectura normativa es robusta. La ingeniería legal tiene cimientos.
El nudo crítico es su eficacia operativa. Urge dotar de mayor capacidad técnica a la investigación y persecución penal. De poco sirve un estándar normativo de primer nivel si el sistema fracasa al momento de detectar y desbaratar redes ilícitas.
El diagnóstico está hecho, ahora es imperativo abandonar la complacencia institucional y aplicar con rigor las herramientas que ya poseemos.
Chile necesita que las normas que ya existen operen con eficacia.
