La administración municipal de San Fernando enfrenta una semana crítica tras la reciente resolución de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, la cual ha puesto bajo la lupa la transparencia en la contratación de personal extranjero y el manejo de los recursos públicos, la actual administración no ha respondido requeriminto sobre la contratación de extranjeros.
La controversia se intensificó tras la emisión de un oficio firmado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional, Ricardo Soto Flores, en el que se resolvió desestimar un recurso de reposición interpuesto por el ciudadano e impulsor de la fiscalización, José Antonio Pavez Morales. El ente contralor argumentó que la respuesta municipal previa, presentada por Pavez, no constituía un pronunciamiento de fondo, sino simplemente una respuesta administrativa a una solicitud de información.
Sin embargo, lo más preocupante para la alcaldía no es el recurso desestimado, sino la advertencia formulada por el órgano fiscalizador: el plazo para que el municipio informe sobre las presuntas irregularidades ya venció. Ante la evidente ausencia de respuestas en los registros oficiales, la Contraloría había ordenado a la Municipalidad de San Fernando emitir el informe requerido en un plazo máximo e improrrogable de 5 días hábiles; un plazo que, de acuerdo con los antecedentes del caso, también ya venció.
Los nombres y cargos en el centro de la controversia
Cabe recordar que entre los nombres individualizados en la investigación figuran puestos clave dentro de la estructura municipal:
Jefatura Jurídica: El abogado Joseph Palomino Castro (de nacionalidad colombiana), quien lidera la oficina jurídica. Dirección de Tránsito: El médico psicotécnico José Jefferson Vela Paspuel (ecuatoriano), encargado de las evaluaciones médicas. Relaciones Públicas: La encargada de nacionalidad (argentina), quien habría presentado su renuncia recientemente. Otras reparticiones: Cinco funcionarios (venezolanos) contratados bajo la modalidad de honorarios en las áreas de Cultura, Informática y Seguridad Pública.
La ofensiva fiscalizadora
Para José Antonio Pavez Morales, la situación ha traspasado la línea de la negligencia burocrática para convertirse en una transgresión institucional grave. En declaraciones entregadas al “El Tipógrafo”, Pavez sostuvo que el trámite formal en la plataforma de la Contraloría concluyó el pasado 6 de julio y que, a la fecha, los plazos legales se encuentran totalmente agotados.
«Hay que formalizar que efectivamente estos plazos están vencidos y ellos no respondieron», afirmó Pavez, subrayando que la municipalidad ha ignorado deliberadamente tanto la resolución original como el requerimiento posterior del organismo fiscalizador.
Ante este escenario, la estrategia del denunciante es clara y directa: ingresar un nuevo requerimiento ante la Contraloría Regional para que esta ordene la instrucción de un sumario administrativo en contra del alcalde, argumentando que la entidad edilicia se encuentra formalmente en «desacato de la resolución de la Contraloría».
De no mediar una respuesta contundente e inmediata en los próximos días, la administración se arriesga a una intervención directa de la Contraloría mediante el procedimiento disciplinario que Pavez ya solicitó.
La falta de antecedentes y respaldos sobre la contratación de este personal alimenta las sospechas de irregularidades en el uso de recursos públicos.
Respuesta municipal
Sobre el vencimiento de plazos de respuesta desde el Departamento de Comunicaciones y RRPP de la Municipalidad de San Fernando, señalaron textual que “actualmente, nos encontramos a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto del recurso presentado por el requirente, quien manifestó su disconformidad con lo resuelto previamente por la Contraloría Regional”.
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