El ambicioso proyecto «Construcción Casetas Sanitarias San Francisco del Huique», valorado en más de 8.430 millones de pesos, se ha transformado en el símbolo de una crisis de infraestructura en la comuna de Palmilla. Frente a este escenario, el gobernador regional, Pablo Silva Amaya en sesión plenaria 787, solicitó la creación de una comisión especial para investigar el caso y evaluar acudir a la Contraloría por la multiplicidad de RUT asociados a la empresa ejecutora. En paralelo, nuevos antecedentes recopilados por “El Tipógrafo” dejan al descubierto severas dudas sobre la concreción de la iniciativa.
Testimonios de profesionales clave en el proceso como el ingeniero civil Iván Muñoz Miranda, administrador del contrato, y el jefe de adquisiciones Patricio Canales revelan una trama de graves deficiencias técnicas, inconsistencias financieras y una preocupante inacción por parte de la Municipalidad de Palmilla.
Alcantarillado a contrapendiente y «tramos fantasma»
Lo que debió ser una solución sanitaria básica se habría ejecutado con una desprolijidad alarmante. Según los profesionales entrevistados, en la calle San Francisco Sur se instalaron colectores «a contrapendiente», una falla técnica que impide el flujo de las aguas servidas por gravedad. Esto obligará a que los ductos se acumulen de desechos antes de avanzar, garantizando futuros colapsos en la red.
Asimismo, se denunció la presencia de «tramos fantasma»: sectores del colector pagados al 100% que físicamente no existen en el terreno. A esto se suman pagos de obras sin las uniones domiciliarias correspondientes, carentes de pruebas de estanqueidad y sin los chequeos topográficos obligatorios. Para empeorar el panorama, el relleno de las excavaciones se realizó sin la compactación normativa, lo que ya generó hundimientos en el asfalto de las calles San Francisco Sur y Norte.
Cuestionado «canje» de fondos e iliquidez
Uno de los puntos más críticos expuestos por Muñoz es la devolución de retenciones. Pese a que las bases administrativas establecen que estas garantías solo se devuelven tras la recepción provisoria, el Gobierno Regional y el municipio procedieron a un «canje de retenciones» por más de $300 millones.
La maniobra se habría realizado mediante pólizas de seguro emitidas por empresas creadas en un solo día, cuya validez resulta dudosa. Aunque este dinero buscaba dar un «impulso» financiero a los trabajos, el contratista no los habría reinvirtido en la obra, dejando cuantiosas deudas con proveedores y trabajadores; muchos de estos últimos esperan sus finiquitos desde marzo de 2026.
La inacción municipal y el estancamiento de las obras
A pesar de un retraso crítico con un avance físico real cercano al 54% frente a un plazo vencido en mayo de 2026, la Municipalidad de Palmilla se ha negado a aplicar el término anticipado del contrato. Muñoz señala que, en las reuniones de coordinación, la Dirección de Obras Municipales lanzaba advertencias de liquidación que terminaban en nada, actitud que califica como «estirar el elástico».
El administrador del contrato advierte que este «discurso político» de intentar salvar la obra por el bien comunitario solo ha puesto en riesgo los recursos públicos. Los incumplimientos se arrastran desde agosto de 2025, incluyendo el abandono de faenas por meses, la falta de solvencia económica de la empresa y la ausencia de profesionales residentes en terreno.
Sin estados de pago desde marzo
En el esquema de financiamiento, los días 15 de cada mes la empresa debe solicitar el pago conforme al avance documentado. Desde el Gobierno Regional indicaron que en marzo de 2026 se transfirieron $129.014.795 a la Municipalidad de Palmilla entidad encargada de efectuar el pago final al contratista.
Desde ese mes, la ejecutora no registra nueva liquidez y su situación financiera es calificada como crítica por los profesionales del proyecto. Hasta el momento, el municipio no ha entregado respuestas oficiales.
Gobernador creará comisión y resguarda recursos
Durante la sesión ordinaria N° 787 del Consejo Regional, el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, abordó la contingencia enfatizando la protección de los fondos públicos y la urgencia de dar continuidad a los trabajos. La autoridad informó que solicitó un informe detallado a la Municipalidad de Palmilla sobre las boletas de garantía, el cual será revisado por una comisión especializada junto a los equipos técnicos del GORE.
Asimismo, Silva Amaya buscó dar tranquilidad a la comunidad asegurando que «están resguardados todos los recursos del Gobierno Regional», independientemente de la modalidad de las garantías, y no descartó realizar consultas a la Contraloría General de la República para revisar la pluralidad de RUT vinculados a la constructora.
Respecto al estado oficial informado por el GORE, el gobernador de O’Higgins detalló un 70% de avance físico y un 50% de avance financiero, brecha que se explica por fondos que la empresa no ha cobrado o sobre los cuales no ha presentado las certificaciones requeridas.
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