Por cadena nacional, el Presidente de la República comunicó al país la presentación de un paquete de reformas e iniciativas, tanto constitucionales como legales, orientadas a cumplir una de las promesas electorales claves de Kast: restituirnos la seguridad.
El solo hecho de su anuncio a la nación, es un elemento de tranquilidad ciudadana, así como de recuperación de la confianza en el gobierno, al enterarnos que se procederá a reordenar el esquema constitucional y legal que garantice la ansiada seguridad.
El esquema presentado es potente, es valiente, porque comienza por lo elemental, modificar o adecuar la Carta Constitucional, de modo de darle la estabilidad y permanencia que solo la Ley Fundamental puede asegurar.
Asimismo, es valioso considerar que algunas de las modificaciones propuestas, por ejemplo, el esquema carcelario, que haga posible aplicar a quienes integran las organizaciones del crimen organizado un régimen severo, está tomado de la legislación italiana, fruto de un régimen democrático, de donde se concluye en lo acertado de ponerlo en vigor en nuestro país.
Es asimismo adecuado crear una lista de organizaciones del crimen organizado, a las cuales se les pueda aplicar este régimen más severo y no caer en el candor de tratarlos como delincuentes comunes, porque no lo son.
Estimo que la megareforma de seguridad significa que, por fin, en Chile se comience aplicar un nuevo modelo de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, los cuales deben ser erradicados, cueste lo que cueste.
Personalmente, creo que las cárceles deben construirse en lugares apartados de las ciudades, y aplicarse un procedimiento penal en el cual los reos no sean trasladados a los tribunales, sino que sean procesados por los jueces por videoconferencia. Terminar con el traslado de reos, que es costo, inseguridad y riesgo de atentados, con la intención de rescatarlos.
Dentro de este conjunto, estimo relevante la voluntad de modificar las funciones del Instituto de Derechos Humanos, hoy volcado a prestar apoyo a los delincuentes y terroristas, y centrarlo en que lo que debe ser: que los derechos humanos son para todos los ciudadanos. Fue penoso que mientras un cabo de Carabineros agonizaba, baleado por un delincuente, los funcionarios del dicho Instituto fueron a visitar al asesino y no a la víctima. Esas conductas deben cesar, para siempre.






