Durante más de una hora, dirigentes vecinales de La Gonzalina y La Moranina, sectores aledaños a la cárcel de Rancagua, expusieron directamente al subsecretario de Justicia, Luis Silva, las consecuencias que enfrentan desde hace años por la presencia del recinto penitenciario y manifestaron su preocupación por una eventual ampliación del penal o la construcción de un nuevo recinto de alta seguridad.
La reunión fue gestionada por el senador Juan Luis Castro, quien acompañó a las vecinas hasta el ministerio de Justicia para plantear las principales externalidades que afectan a quienes viven en el entorno del penal.
Entre ellas mencionaron los constantes lanzamientos de droga hacia el interior del recinto, persecuciones policiales en las inmediaciones, comercio ilegal, vehículos circulando a alta velocidad, fuegos artificiales durante la noche y, en algunos casos, incluso disparos, situaciones que —afirman— han deteriorado significativamente la tranquilidad y seguridad del sector.
Durante el encuentro, el subsecretario informó que la actual concesión de la cárcel fue renovada por dos años y que posteriormente, se iniciará un nuevo proceso de licitación que considera una «densificación» del recinto mediante la incorporación de aproximadamente 900 camas adicionales, sin ampliar el perímetro existente.
La autoridad explicó que ese proceso incorporará recursos destinados a medidas de mitigación de las externalidades y comprometió que dichas acciones serán trabajadas junto a la comunidad. Asimismo, señaló que una eventual construcción de un recinto penitenciario de alta seguridad no está prevista antes de 2030 y que incluso dependerá de distintos factores, entre ellos el futuro del complejo Santiago 1.
El senador Juan Luis Castro valoró que, por primera vez, las inquietudes de los vecinos fueran escuchadas directamente por la autoridad responsable del sistema penitenciario. «Aquí hay efectos colaterales de la actual cárcel que no pueden seguir ignorándose. Los vecinos conviven con comercio clandestino, problemas de seguridad, alta velocidad y otras situaciones que afectan su calidad de vida. Lo importante es que hoy se estableció un compromiso concreto: que la futura licitación considere la opinión de la comunidad y exija medidas reales para mitigar estos impactos», señaló.
El parlamentario agregó que el subsecretario también comprometió una visita al sector durante este mes para conocer en terreno la realidad que enfrentan las familias.
Por su parte, el subsecretario Luis Silva calificó la reunión como «abierta, seria y responsable», valorando el diálogo generado junto a los dirigentes vecinales. «Nos llevamos algunos compromisos que implican probablemente ir a terreno y acompañar a las vecinas para conocer directamente la realidad que viven cotidianamente. Este diálogo con las comunidades debe mantenerse siempre abierto», sostuvo.
Las dirigentas vecinales valoraron la instancia y destacaron la importancia de haber podido plantear personalmente sus inquietudes a la autoridad. Adelina Núñez, dirigenta de La Gonzalina, señaló que esperan que la futura visita permita constatar en terreno los problemas que viven diariamente.
«Pudimos escuchar directamente al subsecretario y plantearle nuestra realidad. Esperamos que cuando visite el sector vea los problemas que tenemos con la seguridad, el tránsito, los estacionamientos y las visitas a la cárcel. Para nosotros fue muy importante poder reunirnos directamente con él», afirmó.
En tanto, Cristina Gárate, representante del sector Los Tilos de La Moranina, indicó que la comunidad espera ser considerada en las decisiones que se adopten. «Nos deja un poco más tranquilos saber que se nos quiere escuchar, porque somos nosotros quienes vivimos aquí y enfrentamos las consecuencias. Esperamos que esta vez sí existan medidas de mitigación y que los compromisos se cumplan, porque en procesos anteriores hubo compromisos que nunca se concretaron», concluyó.
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