En los últimos años, la Contraloría General de la República se consolidó como una de las instituciones más respetadas del país. Su combate a la corrupción, a las faltas a la probidad y al mal uso de los recursos públicos —siempre desde un control ex post— le devolvió a la ciudadanía algo parecido a un «cortito» de justicia frente a quienes abusan del poder. Casos como los viajes con licencia médica o los funcionarios asiduos al casino mostraron que el «cariñoso contralorito» quedó atrás: ahora fiscalizaba también a quienes no pertenecían a la élite política. Su mirada se amplió, y la contralora Dorothy Pérez encarnó esa «dama de hierro» de la probidad.
Pero toda institución ejemplar tiene su prueba de fuego. El Dictamen D344, del 1 de julio de 2026, concluyó que la exministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones y vulneró su deber de abstención al emitir el oficio reservado N°28 (13 de marzo), pidiendo a la PDI antecedentes detallados de funcionarios ligados a una causa que ella misma había conducido como fiscal de Tarapacá. Que una autoridad presione por información reservada contra funcionarios de conducta intachable es, en efecto, peligroso.
El problema es el reverso. La Contraloría se pronunció casi tres meses y medio después, cuando Steinert ya había dejado el cargo (19 de mayo) y tras un cambio de gabinete. La paradoja incomoda: el órgano que sanciona la discrecionalidad ajena bien pudo decidir con criterios propios de oportunidad, no de mérito. Hasta en las mejores familias hay inconsistencias.
Y si quien vela por la probidad decide según el momento y no el mérito, la misma pregunta vuelve intacta: ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Cuántas faltas a la integridad pública dependen de quién esté de turno? ¿La discrecionalidad logró ingresar en la institución más importante de Chile?
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