El debate penitenciario en Chile suele centrarse en una sola idea: que quienes cometen delitos deben ir presos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en las capacidades institucionales para absorber la demanda de nuevas plazas en centros penitenciarios. Por un lado, exigimos más encarcelamientos; por otro, rechazamos ampliar las cárceles. Distintos factores, como el hacinamiento, la corrupción en Gendarmería y la incapacidad para prevenir la reinserción, han puesto esta problemática como una urgencia social.
En ese contexto, el Gobierno anunció un Plan de Infraestructura Penitenciaria proyectado hasta 2030, cuyo objetivo es incorporar más de 20 mil nuevas plazas para enfrentar el hacinamiento. La discusión ha adquirido especial relevancia en nuestra región tras la polémica generada por los dichos del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien señaló que si el proyecto de ampliación del penal Santiago 1 no prospera, una de las alternativas sería ampliar el complejo penitenciario de Rancagua.
Ampliar las cárceles ya existentes puede ser una solución práctica. Una alternativa rápida, más económica y eficiente que iniciar desde cero. Construir nuevas cárceles implica un proceso con plazos de diseño, licitación y una carga de trabajo que muchas veces provocará retrasos frente a demandas que no pueden esperar.
La tensión que el gobierno deberá enfrentar, dice relación con el amplio rechazo que produce en la población tener de vecino a una cárcel. Una de las alternativas es pensar en políticas públicas de compensación que beneficien directamente a los habitantes del sector. La percepción negativa de una obra de esta índole podría cambiar en la medida en que el Estado haga factibles mecanismos atractivos para la población, tales como inversiones en infraestructura local, mejoramiento de espacios públicos, proyectos de vivienda social y otras iniciativas que contribuyan al desarrollo comunal.
Pese a esto, ampliar las cárceles existentes no puede ser la única respuesta. Chile necesita planificar la construcción de nuevas cárceles en lugares estratégicamente ubicados, con espacio suficiente para crecer, estándares modernos de seguridad y reducción al impacto sobre zonas pobladas. Esa planificación debe formar parte de una política permanente. En definitiva, este no es un tema de un gobierno en particular, sino un tema de Estado. Mientras no se asuma esa responsabilidad, seguiremos reaccionando a las diversas crisis penitenciarias en lugar de anticiparnos a ellas.
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