En vivienda, las decisiones presupuestarias no son abstractas. Cada ajuste, cada rebaja y cada reasignación termina impactando en familias concretas: personas que llevan años organizadas en comités, hogares que viven allegados, adultos mayores que esperan una solución definitiva y familias vulnerables que ven en el subsidio habitacional una de las pocas herramientas reales para acceder a una vivienda.
Por eso es necesario decirlo con claridad: la Región de O’Higgins heredó por parte del gobierno del ex Presidente Boric un recorte de 52% en los recursos del DS49, el subsidio destinado a familias vulnerables. Para 2026, la asignación bajó de 503.519 UF a solo 243.712 UF. No se trata de una diferencia menor ni de un ajuste administrativo. Es una disminución que golpea directamente la capacidad de respuesta del Estado frente a quienes más necesitan apoyo.
El contexto hace que este recorte sea aún más preocupante. El Balance de Vivienda 2025 de la Cámara Chilena de la Construcción estima que en O’Higgins existen 40 mil requerimientos habitacionales. De ese total, 23.138 corresponden a hogares vulnerables.
Más allá de las diferencias que puedan existir entre las cifras del Minvu y otros antecedentes, el diagnóstico es coincidente: O’Higgins necesita fortalecer las soluciones habitacionales
Frente a un escenario así, detenerse no puede ser la respuesta. Lo responsable es avanzar, aun con menos recursos; gestionar con mayor eficiencia; buscar la reposición de subsidios; acelerar procesos; ampliar coberturas; fortalecer instrumentos para sectores medios; y abrir nuevas alternativas para las familias rurales.
El recorte existe y debe transparentarse. Pero también existe una responsabilidad institucional: no permitir que las familias paguen el costo de decisiones que reducen sus oportunidades. En vivienda, hacerse cargo significa enfrentar las restricciones, ordenar prioridades y transformar cada recurso disponible en una solución concreta.






