En política las crisis también se fabrican. Basta repetir que todo está al borde del colapso, en seguridad, economía, qué decir del orden público, para que la ciudadanía termine aceptando como inevitables decisiones que, en otro contexto, exigirían explicación y debate.
La emergencia dejó de ser excepción y pasó a ser método. Bajo su amparo, el diagnóstico se impone sin contrastes y la deliberación se reduce a un trámite. No se discute: se administra el miedo.
Un gobierno electo tiene derecho a gobernar, pero no a instalar verdades sin sustento. En materia fiscal, por ejemplo, se ha insistido en un relato de estrechez extrema. Sin embargo, los propios datos oficiales muestran una situación más compleja, lejos de las simplificaciones que solo sirven para justificar recortes o redefiniciones apresuradas.
La misma lógica se replica en decisiones administrativas sensibles. Se invoca la urgencia para evitar explicaciones, como si la rendición de cuentas fuera opcional. Pero en democracia, los motivos no se ocultan: se rinden. Cuando no se entregan, lo que queda no es autoridad, sino opacidad que deslegitima.
El uso abusivo del lenguaje de la crisis no es inocuo. Rebaja los estándares, desplaza la evidencia y normaliza decisiones sin justificación suficiente. Cuando todo es urgente, nada se examina con seriedad.
Los problemas son reales. Precisamente por eso exigen rigor, no caricaturas. Gobernar no es amplificar el temor para facilitar decisiones; es hacerse cargo de la realidad sin distorsionarla. Lo contrario no es liderazgo, sino solo una profecía que se cumple a sí misma.
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