Si el humanismo integral es la concepción más completa de la persona, su traducción institucional es igualmente exigente. Maritain no se detuvo en la antropología filosófica: en El hombre y el Estado (1951) delineó una arquitectura institucional coherente con esa concepción, que sigue interpelando los diseños estatales contemporáneos.
El eje de esa arquitectura es una inversión normativa. El Estado no es soberano sobre la sociedad; es su instrumento. La sociedad, con sus comunidades intermedias (familias, asociaciones, municipios, iglesias, sindicatos, gremios), es realidad primaria y portadora de fines propios. El Estado existe para proteger y promover el bien común, no para sustituir ni capturar esas comunidades. Esta distinción, aparentemente teórica, tiene consecuencias prácticas decisivas.
Primero, fundamenta el principio de subsidiariedad: las decisiones deben adoptarse en el nivel más cercano a la persona capaz de resolverlas eficazmente. Segundo, justifica la pluralidad de esferas autónomas, civil, económica, cultural y política, frente a la tentación de subsumir todo bajo lógica administrativa o mercantil. Tercero, entiende la autoridad política como servicio al bien común, no como proyección de intereses corporativos o faccionales.
El Chile institucional se debate exactamente en ese cruce. Un Estado hipercentralizado convive con municipios descapitalizados, y la desconfianza ciudadana golpea a instituciones que perdieron la referencia al bien común. La gobernanza policéntrica, lejos de ser solo una opción técnica, es una exigencia maritainiana: reconocer que la vitalidad institucional depende de comunidades locales vivas, de reglas que las respeten y de una autoridad central que articule sin asfixiar.
Volver a Maritain, en clave institucional, es recordar que ningún diseño estatal sobrevive mucho tiempo si olvida que existe para servir a la persona y a las comunidades donde ella se realiza.
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