Lo que comenzó como una prometedora gestión de salud pública en San Fernando ha derivado en una amarga batalla legal que hoy se radica en los pasillos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Alondra Huerta Huerta, quien hasta hace poco lideraba el CESFAM Centro, ha interpuesto un recurso de protección contra la corporación municipal local, denunciando un despido que tilda de «arbitrario y completamente ilegal», tras una controvertida interpretación de su renuncia al cargo directivo.
El origen del quiebre: Ley Karin y salud mental
El conflicto no nació de la noche a mañana. Según relata la profesional, el deterioro del clima laboral comenzó tras una denuncia bajo la Ley Karin que ella misma interpuso en 2024 contra un funcionario de la casa central de la Corporación Municipal. Pese a la gravedad de los hechos denunciados, Huerta sostiene que la investigación sumaria se estancó.
«No vi ningún movimiento que me garantizara que las situaciones iban a cambiar», explica. Esta parálisis institucional, sumada a la falta de medidas de resguardo, terminó por afectar su integridad psíquica, obligándola a cursar sucesivas licencias médicas. Fue en este contexto de vulnerabilidad que tomó la decisión de «dar un paso al costado» en la dirección, buscando priorizar su salud y el bienestar del centro asistencial.
La controversia de la «doble calidad» funcionaria
El núcleo jurídico del caso reside en la naturaleza de su contrato. Huerta accedió a la dirección del CESFAM por concurso público en julio de 2024, pero ya poseía una propiedad en la planta obtenida en 2021 mediante la «ley de alivio».
El 18 de marzo, la profesional presentó su renuncia exclusivamente al cargo de confianza (la dirección), especificando que mantendría su puesto de planta. «Era ilógico renunciar a todo llevando casi 10 años en la corporación», señala. Sin embargo, la administración liderada por la secretaria general de la Corporación Municipal, Carmen Gloria Escobar, interpretó el documento como una renuncia total, procediendo a su desvinculación definitiva.
Notificación bajo licencia y sin finiquito
La sorpresa llegó el 23 de marzo a través de una carta certificada. En ella, se le notificaba el término de toda relación laboral, ignorando —según el recurso— que Huerta se encontraba con licencia médica vigente.
«Me despidieron estando suspendida de mis funciones por salud, un acto desmedido y sin pago de finiquito», enfatiza la afectada. Para la defensa de Huerta, encabezada por el abogado Manuel Lisboa, la Corporación Municipal, forzó una interpretación del Estatuto Administrativo para deshacerse de una funcionaria que resultó «incómoda» tras denunciar malas prácticas internas.
Batalla en tribunales
El recurso de protección fue declarado admisible por la Corte el pasado 31 de marzo. Mientras la justicia analiza los antecedentes, el municipio de San Fernando a través del departamento de comunicaciones señaló textual : “En relación con la consulta realizada a la funcionaria mencionada, la Cormusaf informa que la directora del Cesfam presentó su renuncia voluntaria al cargo, la cual fue acogida por la Dirección de la Corporación Municipal de San Fernando”.
Hoy, Alondra Huerta espera que el tribunal restablezca el imperio del derecho. «Lo estamos pasando mal, pero vamos a dar la pelea», sentencia, en un caso que pone bajo la lupa la protección de los denunciantes de acoso y la estabilidad laboral en el sector público de salud.
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