Los incendios forestales que afectan hoy al sur de Chile, no son un fenómeno nuevo ni excepcional. Sin embargo, cada temporada los seguimos abordando como si lo fueran. El problema no es el fuego en sí, sino la forma en que el país comprende el riesgo que representa.
En la práctica, seguimos enfrentando los desastres desde una lógica de emergencia, más que como parte de una política sostenida de gestión del riesgo de desastres. Esta diferencia no es menor: Define prioridades, estructura institucional y capacidad de anticipación. Hoy, los países no se distinguen únicamente por su crecimiento económico, sino por su habilidad para prever, resistir y recuperarse frente a amenazas cada vez más complejas.
El cambio climático, la expansión de la interfaz urbano-rural y la creciente presión sobre el territorio, han transformado al fuego en un riesgo sistémico. Ya no se trata solo de daños ambientales, sino de impactos directos sobre infraestructura crítica, economías regionales, salud pública y cohesión social. Cada desastre no solo afecta territorios: Expone cómo el país ha decidido, o postergado gestionar sus riesgos. Y frente a este escenario, la respuesta sigue siendo clara, es reactiva.
Ejemplos recientes, particularmente el caso de Villa Botania en Quilpue, durante los incendios del 2024, muestran que el riesgo no era hipotético. El avance del fuego estuvo a escasa distancia de zonas habitadas, pero no derivó en una catástrofe mayor, evidenciando que cuando existen condiciones mínimas de planificación, gestión del entorno y respuesta oportuna, el impacto puede ser contenido incluso en escenarios adversos.
Este tipo de experiencias refuerza una idea clave: La gestión del riesgo de desastres, no requiere soluciones excepcionales, sino la incorporación sistemática de criterios básicos. Entre ellos, la educación y preparación de la comunidad frente a riesgos conocidos; la integración del riesgo en el ordenamiento territorial y en las decisiones de planificación; la disponibilidad de recursos mínimos para acciones de mitigación; el acceso a apoyo técnico especializado y el fortalecimiento de capacidades locales para anticipar y gestionar emergencias. Estos elementos no debieran depender de la contingencia, sino formar parte permanente de la planificación comunal frente a múltiples amenazas.
La transición desde ONEMI a SENAPRED representó un avance relevante hacia un enfoque moderno de gestión del riesgo de desastres. No obstante, este cambio aún enfrenta el desafío de consolidarse como una mirada estratégica de estado, capaz de articular prevención, preparación y respuesta de manera coherente y sostenida en el tiempo. Chile necesita asumir que el riesgo es parte permanente de su desarrollo. Incorporar la gestión de desastres como un componente central de la seguridad nacional, no es una opción ideológica, sino una condición básica de gobernabilidad.
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