La industria agrícola de O’Higgins, dinamizador económico regional que se incrementa con la cosecha de productos de exportación en la temporada estival, enfrenta un desafío ante la informalidad en la contratación de trabajadores inmigrantes, quienes, a pesar de ser clave en la industria, muchas veces operan sin contrato, previsión ni seguridad social.
Para los trabajadores, la falta de contrato, cotizaciones previsionales y seguro de accidentes se materializa trágicamente. Recientes incidentes viales con vehículos de temporeros en Mostazal, que dejaron heridos a 10 trabajadores, y operativos en Las Cabras con detenciones por transporte ilegal de personal temporero, han encendido las alarmas sobre las condiciones de operación de la mano de obra agrícola migrante.
El Seremi del Trabajo y Previsión Social de O’Higgins, Jaime Chamorro Galdames, subraya que la respuesta estatal se articula en torno a la fiscalización. La autoridad indicó que la Dirección del Trabajo (DT) se enfoca en la supervisión de predios, packings y el transporte, verificando jornadas, descansos y contratos, reforzando la coordinación interinstitucional de las fiscalizaciones: «apoyamos en las fiscalizaciones lideradas por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, junto a Carabineros».
De esta forma, los trabajadores indocumentados son el eslabón más débil en las faenas temporeras, muchas veces expuestos a la explotación y a peligros. Desde el sector privado, el presidente de Fedefruta, Víctor Catan, reconoció que la falta de mano de obra chilena –existe un «bajo o nulo interés de población connacional chilena en trabajar en labores agrícolas»– ha vuelto indispensable la fuerza laboral extranjera, de ahí su defensa de las acciones del gremio para formalizar a los trabajadores extranjeros, destacando que cerca del 70% de estos trabajadores ya están regularizados gracias a iniciativas como la Visa Mercosur.
El dirigente es enfático en rechazar la informalidad, señalando que “la informalidad es un riesgo innecesario”. Esta postura radica en que, en caso de un accidente grave o fatalidad, “el agricultor básicamente se enfrenta a un escenario muy adverso” al tener que responder por un trabajador sin formalizar. Es un llamado a invertir en «tranquilidad» para el productor.
Sin embargo, Catan también criticó la ley laboral, proponiendo flexibilizar la norma que limita la contratación de extranjeros, ya que “la realidad del año ochenta y cinco y la del dos mil veinticinco es diametralmente distinta”.
Punto aparte merecen sus comentarios sobre los “enganchadores”, personas o pequeñas empresas subcontratistas que actúan como nexo entre los grandes productores agrícolas (dueños de fundos o packings) y la mano de obra, principalmente migrante y en situación irregular.
Catan los sindica como responsables directos de la informalidad y la precarización, pues son “personajes que son muy abusivos” y extorsionadores, lucrando con la necesidad tanto del empleador como del trabajador que, pese a poder ganar “fácilmente cincuenta lucas diarias” en temporada, carece de toda red de protección social. De ahí que, en su opinión, el Estado debiera ser más riguroso en el control de este tipo de intermediarios.
En este contexto, la situación expone una tensión entre la alta demanda productiva, la rigidez legal y el riesgo que asumen los eslabones más débiles de la cadena de producción frutícola.
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