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Diputado Raúl Soto inicia proceso de fiscalización por cambio masivo de medidores de agua potable en O’Higgins


Esto, tras una serie de denuncias de alzas en las tarifas luego de que se modificara el proceso de medición de consumo de agua.

MIÉRCOLES, 2 DE JULIO DE 2025
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Publicado por

Danya Ríos

Periodista El Tipógrafo


El diputado Raúl Soto ofició a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para que se inicie una exhaustiva fiscalización al proceso de cambio de medidores de agua potable domiciliaria que estaría realizando la empresa ESSBIO S.A. en diversas comunas de la Región de O’Higgins.

La solicitud surge tras recibir diversas denuncias ciudadanas de reemplazo de medidores en casos donde no existiría una recomendación técnica para dicho procedimiento.

“El reemplazo de medidores debe regirse por criterios técnicos claros, transparentes y respetuosos de los derechos de los usuarios. No se puede permitir que familias sean forzadas a aceptar un cambio que podría implicar un aumento injustificado en sus cuentas, sin información suficiente ni garantías de resguardo a la economía familiar”, señaló el diputado Soto.

En varios de estos casos, los usuarios fueron informados vía WhatsApp de que sus medidores serían reemplazados por dispositivos digitales, indicando que esta instrucción provendría de la propia Superintendencia. Además, se advirtió que, en caso de rechazo al cambio, se aplicaría un cobro estimativo del consumo, lo que ha despertado serias dudas sobre la legalidad y la transparencia del proceso.

El parlamentario por el distrito 15 agregó que esta situación no es aislada: múltiples vecinos han reportado que, tras el cambio de medidor, sus cuentas presentan incrementos significativos, sin una explicación técnica clara.

Por lo anterior, Soto pidió a la Superintendencia disponer una fiscalización formal a ESSBIO, tanto por la legalidad del procedimiento como por sus eventuales impactos tarifarios.

“Estamos frente a un proceso que debe ser revisado con máxima rigurosidad. Es deber del Estado velar por la justicia tarifaria, la transparencia en los servicios públicos y la protección de la economía de las familias chilenas”, sentenció.


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