Un debate álgido se generó en el Consejo Regional de O’Higgins, al momento de discutir el punto de la concesión de uso gratuito de siete inmuebles, propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, en favor de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El punto, que había sido rechazado en la comisión de infraestructura de la entidad, contempla la concesión de siete inmuebles, para vivienda, ubicados en las comunas de Rancagua, Santa Cruz, Pichilemu y San Vicente.
Durante la votación, el gobernador Pablo Silva Amaya, aclaró en diversas ocasiones que se trataba de una votación no vinculante , lo que significa que indistinto del resultados, la última palabra la tiene el ministerio respectivo, representado en la instancia por la Seremi de Bienes Nacionales de la región, Romina Olguín.
“Por normativa, nuestro servicio debe acoger a trámite las solicitudes de concesiones de inmuebles fiscales que presentan diversas organizaciones sociales e instituciones públicas. En este procedimiento presentamos en la comisión de infraestructura del Consejo Regional dichas propuestas y consultamos su parecer”, explica la autoridad referente al proceso que se desarrolló.
La autoridad precisa que del total de la propiedad fiscal entregada en administración, “el 90% de esta es puesta a disposición de organizaciones sociales”. Asimismo, aclara que, “no entregamos inmuebles a los jueces”, ya que la solicitud la presenta la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que estima que uso se les da a los inmuebles.
No obstante, en el pleno se discutió la posibilidad cierta que fuera para viviendas de jueces. Situación que generó que varios consejeros cuestionaron la poca información que tenían al respecto, y que nadie del Poder Judicial estuviera presente.
Así lo expuso el consejero, José Ignacio González, señalando que, “me parece inaceptable que una votación que a mi parecer ha sido una de las más discutidas en el Core, desde que asumimos, no haya estado presente el beneficiario final de lo que hoy se votó, para que nos hubiesen explicado todos los alcances de la discusión que se dio”.
Por su parte el gobernador, Pablo Silva Amaya, precisó que “nosotros recibimos la solicitud”, sin embargo, “este pronunciamiento no es vinculante respecto a la decisión final que determine la Seremi de la cartera. De todas formas, se debe realizar este procedimiento establecido por ley, el cual vela por la administración de bienes del estado, consultando al consejo regional su postura al respecto de esta materia”.
Este punto sobre la determinación que toma Bienes Nacionales, Romina Olguín explica que, “depende de la evaluación que nosotros le damos”. Agrega; “en este caso, es una renovación, solicitud de renovación por una concesión gratuita de 5 años. Nosotros nos llegan las solicitudes, vemos la pertinencia y las presentamos ahora en una comisión de infraestructura en el gobierno regional, y en el pleno”.
“La destinación es directamente a la corporación de asistencia judicial, no definimos nombres, no definimos cargos”, añade.
Complementando que, “la destinación es para esta corporación (…) gratuita, por 5 años. Antiguamente era una destinación perpetua. Así que ahora nosotros estamos haciendo este cambio”.
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