Polémica ha generado la presentación del proyecto de ley en el Senado que se ha denominado “Ley Mordaza 2.0” esto porque, en su contenido, despierta alertas de amenazas a la libertad de prensa que se generarían de ser aprobada, ya que considera incluso penas de cárcel para quien publique sobre procesos judiciales en curso que se encuentren bajo secreto.
¿Qué significaría en la práctica? Que si estuviera vigente hoy, ningún medio podría informar sobre casos como ProCultura o el Caso Audios, ya que incluiría testimonios, chats, peritajes y otras diligencias.
“Yo creo que la moción parlamentaria está mal enfocada”, parte señalando la senadora Alejandra Sepúlveda. Explica que,“lo que hace es limitar las acciones de los periodistas. Y yo creo que lo que hay que limitar son las acciones y resguardar a aquellos que tienen el deber de proteger la investigación, llámese la fiscalía como los abogados, que son partícipes de esa demanda”.
La legisladora, agrega que, “vamos a presentar una moción parlamentaria dirigida hacia los abogados que están en la demanda y que tienen acceso ilimitado a la investigación. Hay que proteger la investigación desde la causa, no desde el efecto”.
En la misma línea, el senador Juan Luis Castro, apunta a que, “siempre es posible mejorar el secreto investigativo y separar las carpetas de investigación producto de la incautación de audio”.
“Sin embargo, es altamente peligroso introducir normas que sancionen la llamada filtración de antecedentes porque eso puede comprometer directamente la libertad de prensa”, añade y en cuánto a cómo ve su tramitación el parlamentario es claro en señalar que, “creo que este proyecto difícilmente va a contar con apoyo en el Senado o en la Cámara de Diputados, dado que tiene una afectación directa, partiendo de buena fe en buscar algo positivo, como son los modelos franceses y españoles, donde hay mayor control y sanción frente a la divulgación indebida, pero el costo puede ser peor el remedio que la enfermedad”.
En tanto, la periodista y diputada por el distrito 15 de O’Higgins, Natalia Romero, enfatizó que, “creo firmemente que debemos proteger el debido proceso y, especialmente, resguardar los derechos de las víctimas durante una investigación. Pero también tengo claro que cualquier iniciativa legal que busque sancionar las filtraciones debe ser cuidadosamente analizada para no cruzar una línea peligrosa que termine afectando la libertad de expresión y el rol fundamental que cumplen los medios de comunicación en una democracia”.
No obstante, apunta a que, “es importante que exista la autorregulación de los medios. Si bien es cierto la libertad de expresión no puede estar en cuestión, a veces se da que se difunde información que se encuentran en el ámbito estrictamente privado que no son de interés público y eso sin duda pasa por el criterio editorial y al respecto en este punto es clave es esencial una autorregulación”
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