Era una decisión que se veía venir tras el escándalo político que se provocó tras la fallida venta al Estado de la casa, en Providencia, que fue propiedad de Salvador Allende y que involucraba las firmas tanto de la senadora como de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien debió renunciar al cargo debido a las incompatibilidades que ello produjo.
El Estado, a través del gobierno de Gabriel Boric, había anunciado la compra desde el ministerio de Bienes Nacionales de la ex casa de Salvador Allende, para hacer un museo en homenaje a su figura.
Esta operación (de casi mil millones de pesos), tenía dos graves fallas al tener que comprársele a la familia Allende que era heredera del bien. Un ministro no puede hacer negocios con el Estado (por ello la posterior renuncia de Fernández) y, segundo, en el caso de la senadora, se vulneró el artículo 60 de la Constitución, que señala de forma expresa que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado».
El pleno del Tribunal Constitucional, que debió resolver una presentación de parlamentarios de la oposición al respecto, votó por 8 votos contra 2 y acogió el requerimiento contra Isabel Allende Bussi, sellando su destitución e inhabilitándola para ejercer cargos públicos por dos años.
La noticia de la destitución de Allende, solo tendrá efecto cuando se notifique oficialmente el fallo al Senado y se dé cuenta en la sala.
Reacciones
En cuanto a las reacciones, el presidente de la comisión investigadora por la fallida venta, el diputado Andrés Longton (RN), valoró que el fallo del TC haya acogido los méritos jurídicos con lo que “el Tribunal Constitucional marcó un precedente que es histórico».
El diputado PS, Daniel Melo, correlegionario de la senadora Allende, lamentó la resolución y agregó que “hoy, la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando”.
Desde el gobierno, la ministra vocera, Aisén Etcheverry, indicó que “nos corresponde respetar los fallos del Tribunal Constitucional, pero no podemos sino lamentar la decisión».
“El Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos, y por lo tanto, se han instruido sumarios en esa dirección, pero la destitución de una senadora, atendido a los antecedentes que tenemos a la luz, es un antecedente grave”, agregó Etcheverry.
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