¿Quién paga la cuenta de la prohibición del uso de la leña?

En los medios de prensa locales y por redes sociales ha sido ampliamente difundida la media de la prohibición del uso de leña en zonas urbanas saturadas de las comunas de Rancagua y Machalí, y aunque nadie puede discutir la importancia de esta medida para la salud de la población y para nuestro medio ambiente, vale mencionar algunas aprehensiones que hacen poco viable dicha medida y por lo demás muy inoportuna.

En primer término, nos vemos enfrentados a la mayor alza en el costo de las tarifas eléctricas en nuestro país, aproximadamente un 52% a nivel nacional al pasado mes de enero, que, en el caso de nuestra región, llega al 56% de la cuenta de la energía eléctrica. Es decir, una familia de 3 personas que consumía en promedio 60 mil pesos, su actual cuenta de la luz llega a los $93.600.-.

El Gobierno Regional, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, han enfocado su trabajo en el recambio de calefactores a nivel domiciliario. Pero este esfuerzo, que sin duda es loable, es absolutamente “simbólico” frente al abrumador uso de calefacción a leña.

Según el único estudio que existe, por allá por el año 2010, el uso de este tipo de calefacción abarcaba cerca de 111.000 hogares. Y desde el año 2016, el recambio de calefactores sólo ha llegado a algo más de 11 mil viviendas, esto es, apenas un 10% de la real necesidad.

Finalmente, una medida sin fiscalización no tiene sentido. Si el verdadero objetivo es descontaminar y mejorar la salud de la población habríamos visto mayor inversión en fiscalización de parte del Ministerio de Salud o de Medio Ambiente, y ni el primero cuenta con más recursos o fiscalizadores que los del año pasado, ni la Superintendencia de Medio Ambiente cuenta con más que los mismos tres fiscalizadores que deben estar a cargo además del cumplimiento de la norma de olores en la región que más planteles de cerdo tiene en el país.

Para ser parte de la solución y no del problema, se requieren más recursos para el recambio de calefactores, al menos cinco veces más de lo que se ha invertido por parte del Gobierno Regional, sumado a un mayor presupuesto central para fiscalizadores en la Superintendencia de Medio Ambiente, que por cierto hemos solicitado desde hace tres años a la fecha. Todo eso, sumado a la garantía de que quienes postulen y se ganen los proyectos puedan recibir los beneficios de los subsidios eléctricos. No podemos lograr metas políticas cargando la mano a los ciudadanos más vulnerables.