Las consecuencias son gravísimas. Cuando un juez o jueza de familia se apoya en un informe técnico, emanado de una entidad especializada para fallar en casos tan sensibles como la tuición o el resguardo de un menor de edad con un historial de presunto maltrato o abusos, se esperaría que este sea apegado a la verdad y con una investigación detallada sobre la situación particular de cada cual.
Pero no sería así, eso es precisamente lo que cuestiona una extensa investigación del medio nacional Ciper, desde la cual El Tipógrafo generó sus indagatorias que señalan que la Corporación Acogida de Pichilemu, habría emanado informes con errores a tribunales de familia, los cuales habrían servido para que los jueces fallaran concediéndoles el cuidado de niños a personas acusadas, investigadas o condenadas por delitos como abuso de menores o maltrato infantil.
También, estos mismos informes habrían servido de base para que menores quedaran en custodia del Estado –alejados de sus padres- donde fueron víctimas de abusos.
En lo particular, se observa en los informes del Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM,) elaborados por la sede de la Corporación Acogida ubicada en Pichilemu, que existen inconsistencias en los relatos y también en los datos personales de los menores.
Javier Rebolledo, periodista, investigador y escritor, quien se ha centrado en destapar casos ligados a violaciones a los derechos humanos en Chile, abusos a menores y corrupción empresarial y política, lleva tiempo investigando la vulneración de los derechos de menores. Conocedor de este caso detalla que, al comenzar a investigar dentro del sistema, “prácticamente de inmediato” se dio cuenta de las fallas en los informes emanados de esta corporación.
“Me encontré en mi investigación con que sustituían los nombres, cambiaban los nombres, les ponían en vez del niño, las niñas, o la niña y el niño, y tú te das cuenta que el cortar y pegar es una cuestión, digamos, que parece común”, declara Rebolledo.
Remarcando que “es gravísimo, porque al final estos informes sirven de base para que falle un tribunal, entonces ponen en mayor vulneración a este niño o a esta niña, o adolescente. Y además el Estado les paga por esto”.
El citado reportaje de Ciper, señala que más del 74% de las causas, los tribunales no consideran el interés superior del niño al separarlo de sus padres, a lo que se agrega que los informes con errores que se emanan de estos organismos técnicos que por su labor reciben subvenciones estatales.
Pichilemu, -a la espera de los resultados del Censo- cuenta con aproximadamente 19 mil habitantes, para los que hay un juez de familia que falla en torno a este tipo de causas, una problemática en sí misma, puesto que, ante la exigua presencia de jueces, los informes PMR adquieren una mayor importancia ya que se utilizan como insumo, casi en exclusiva, para dar un veredicto.
“Todos estos organismos son organizaciones privadas, de fundaciones o corporaciones. Y te diría que en un porcentaje muy bajo, pero muy bajo, a mí prácticamente no me tocó ver la investigación, los jueces van en contra o no se rigen por las recomendaciones de estos organismos, y de los consejeros técnicos”, señala Javier Rebolledo.
Agregando que, “entonces, el poder que tienen estas organizaciones, que a su vez tienen muy bajos estándares, es muy alto”.
Al ser consultado, en base a su investigación, cuál es el factor determinante para que estas entidades, en ejemplo Corporación Acogida, generen este tipo de información irregulares, explica que, “los profesionales que llegan a estos organismos privados tienen una alta rotación, los sueldos son bajos, son organizaciones que generalmente no funcionan con criterios de excelencia”.
“¿Qué es lo que falla? Falla el control, falla la gestión, falla una supervisión más efectiva, integral, falla la formación en la cual tendría que estar también el Estado metido, mucho más activamente, y tú llegas a la conclusión de que falla todo también. Es un problema multisistémico” concluyó Rebolledo.
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