Actualmente, el plazo total de tramitación asciende a 140 días hábiles administrativos, de los cuales 90 días son de exclusiva responsabilidad de la administración pública. En términos prácticos, este procedimiento equivale a un mínimo de 7 meses de espera, sin incluir posibles prórrogas, observaciones u otros factores que podrían extender aún más el plazo.
Otro aspecto crítico del PdL es la falta de seguridad jurídica que otorga, lo cual incentiva la informalidad en la extracción y procesamiento de áridos. El Proyecto de Ley faculta a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP para otorgar autorizaciones de extracción de áridos en “zonas de regularización anexas” a los cauces naturales. Sin embargo, no considera la delimitación de dichas zonas en su carácter de terrenos privados, afectando los derechos de sus propietarios.
Al respecto el presidente de la CChC O´Higgins, Guillermo Carbacho Becerra, manifiesta preocupación por la prolongada tramitación y menciona que se ha convertido en un obstáculo que, en muchos casos, toma más tiempo que la propia ejecución de las obras. Este escenario resulta especialmente perjudicial para las pequeñas empresas, que enfrentan mayores dificultades para absorber los costos y tiempos asociados a la espera, poniendo en riesgo su viabilidad y competitividad.
Además, menciona que es imprescindible modificar la definición de áreas de regularización anexa. Se requiere establecer un procedimiento para su determinación con medidas de publicidad y posibilidad de reclamación, tal como ocurre actualmente con la delimitación de cauces naturales.
Finalmente hace hincapié en que la normativa contempla avances positivos en torno a la regularización ambiental, sin embargo, nos preocupa el proceso y los plazos, lo que afecta directamente en los plazos y costos de las obras, por lo tanto, afectará negativamente la ejecución de las obras de construcción (públicas, privadas, viviendas, entre otras), y a toda la cadena productiva vinculada a la industria.