A pesar de que las playas son bienes nacionales de uso público en Chile, los condominios privados han establecido barreras que limitan el acceso de los visitantes a las playas, generando tensión en residentes y turistas.
En pleno verano, Pichilemu se convierte en uno de los destinos turísticos más populares de la región. Miles de visitantes llegan a esta ciudad costera en busca de disfrutar del sol, la arena y el mar. Sin embargo, muchos de ellos se enfrentan a una barrera inesperada
En el sector de la playa Pancora, en Pichilemu, se ha desatado una polémica que pone en el centro del debate un derecho fundamental: el acceso libre y universal a las playas del país. Según la legislación chilena, todas las playas son bienes nacionales de uso público, lo que garantiza que cualquier persona pueda disfrutarlas sin restricciones arbitrarias. Sin embargo, la realidad en las playas de Pichilemu parece contradecir este principio.
Condominios privados ubicados en las inmediaciones de la playa han levantado rejas, portones y carteles que limitan el ingreso, argumentando razones de seguridad y privacidad. Esta situación ha generado el malestar de habitantes locales y turistas que denuncian estar siendo privados de su derecho a acceder a un espacio que pertenece a todos los chilenos.
En la playa Las Cruces, en la comuna de Paredones, se vive una situación similar. Los accesos naturales a esta playa han sido bloqueados por privados que han instalado cercos y letreros advirtiendo sobre la prohibición de ingreso. Los residentes locales han manifestado su frustración al no poder disfrutar de un espacio que, según la ley, debería ser público y de libre acceso.
Las autoridades locales han declarado estar al tanto de esta situación y han anunciado una investigación para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Han enfatizado que las playas son y seguirán siendo de uso público.
La tensión que hoy se vive en las playas de la Región de O’higgins, refleja una problemática más amplia que afecta a diversas zonas costeras del país, donde intereses privados se enfrentan a derechos colectivos. Mientras las autoridades buscan soluciones, la comunidad sigue exigiendo el respeto a un principio fundamental: las playas son de todos.
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