La administración de la Corporación Municipal de San Fernando, Cormusaf, fijó su postura frente a la nota publicada por El Tipógrafo en su edición del jueves 14 de noviembre titulada: “Duro revés judicial sufre Municipalidad de San Fernando” para lo cual detalló varios puntos.

1.- No se trata de un revés judicial de la Municipalidad de San Fernando. En efecto, la misma nota indica que es la Corporación Municipal quien deduciendo un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, éste es declarado inadmisible.

2.- Tampoco es un revés judicial, por cuanto lo solicitado ante el Tribunal Constitucional si bien pretendía dejar inaplicable una disposición de la Ley n° 19.880, en ningún caso compromete lo que se resuelva en definitiva por parte de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en una causa que está en tramitación.

3.- Como consecuencia de lo anterior, tampoco se trata de un “duro” revés, por cuanto como ya se ha señalado, no es determinante en la resolución del conflicto que se pretende resolver. Además, actualmente el 70% de los requerimientos de inaplicabilidad son declarados inadmisibles por motivos análogos a los que se expusieron en este caso.

4.- Por otra parte, existe una omisión en la nota, ya que no informa lo que verdaderamente está en juego en la causa judicial en la que incidió el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Es ampliamente conocido en la comunidad sanfernandina que, durante la administración anterior, se cometieron graves actos de corrupción, los cuales involucraron directamente a quienes estaban a cargo de la gestión de la Corporación Municipal de San Fernando. En diciembre de este año se llevará a cabo la audiencia preparatoria de juicio oral, en la que estarán imputados el exalcalde Luis Berwart Araya, el exadministrador municipal Pablo Bravo Cruz, el exsecretario general de la Corporación Municipal Leonidas Quiroga Montenegro, y el extesorero de la entidad, Alejandro Aguilera Bava. Los acusados podrían enfrentar penas severas por delitos relacionados con la defraudación del patrimonio público, recursos que debían haberse destinado a satisfacer las urgentes necesidades de los habitantes de San Fernando. Estos hechos afectaron gravemente tanto a los profesores y estudiantes de la comuna como a los funcionarios de salud primaria y a los usuarios de los centros de salud.

5.- En el marco de una auditoría realizada por el Servicio de Salud O’Higgins en el año 2021, se determinó una serie de irregularidades, graves, en materia remuneracional de los funcionarios de salud. En palabras simples: la ley no estaba siendo aplicada. Y expresión de ello, es que funcionarios que desempeñaban igual cargo, y con la misma experiencia y capacitación, percibían remuneraciones notoriamente distintas. Se constataron discriminaciones absurdas, injustas, que perjudicaban a unos y beneficiaban a otros.

6.- Es así que esta Administración puso fin a dichas ilegalidades, durante los años 2021, 2022, lo que originó la judicialización de dichas acciones por parte de algunos funcionarios. Incluso el Tribunal en la misma sentencia que accedió parcialmente a la solicitud de la funcionaria involucrada, sostuvo que “resulta claro que las asignaciones de la actora resultan al menos cuestionables”, y constató “la laxitud de criterio en la entrega de asignaciones por parte de la administración anterior”. Todo ello no se consignó en el artículo.

7.- La actual administración ha trabajado arduamente por el retorno de la legalidad del área de salud, lo que redunda en beneficio de toda la comunidad. Inspirados por ese mismo espíritu, emplearemos todos los mecanismos que la ley establece para una correcta, honesta, proba y responsable conducción, para asegurar a toda la comunidad que los recursos de salud se orienten precisamente a asegurar el acceso a la salud de todas y todos.

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