Ya desde el programa de gobierno del Presidente Boric socializado en campaña en que se establecía diversos controles a la actividad de la prensa, así como un sistema nacional de medios estatales, la preocupación del actual gobierno por la información y la labor de la prensa han estado muy presentes en la agenda política.
En este contexto, las declaraciones de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, han ido generando el clima propicio para este anuncio que viene, en teoría, a colaborar con el ejecutivo para enfrentar el “problema” de la desinformación en nuestra sociedad.
Según el decreto, la instancia tiene carácter temporal, tendrá una composición académica y tendrá por objeto asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al Ministro o Ministra Secretario(a) General de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile.
Asimismo, la comisión tendrá como funciones:
a) Recomendar a los Ministros o Ministras de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Secretaría General de Gobierno, las medidas y/o elementos que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la base del análisis de los distintos conocimientos asociados a la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.
b) Asesorar técnicamente la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el Hub de Desinformación de la OCDE y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia. Sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda ejercer al Ministerio de Relaciones Exteriores.
c) Elaborar informes de actividades que contengan las propuestas o conclusiones que surjan en el marco de su funcionamiento, proponer recomendaciones y resolver consultas sobre las temáticas señaladas, previamente formuladas por parte de Segegob y/o del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Para el Presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Jaime Díaz “la desinformación nos está poniendo nuevos desafíos como sociedad. Si bien en sus inicios este flagelo se centraba en la búsqueda de ilegítimos beneficios económicos de algunos o en la posibilidad de afectar la honra de las personas e instituciones, hoy en el mundo está siendo utilizada como herramienta para amenazar las democracias sanas, ayudando a la proliferación de gobiernos populistas de todos los signos políticos y sostén de regímenes autocráticos, a través de la manipulación para crear temor y desconfianza. Frente a esto, en distintos países la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y en algunos casos las entidades públicas, han explorado caminos para diagnosticar y luchar contra este mal.
La desinformación no se puede enfrentar con herramientas jurídicas que vulneren un derecho humano como es la libertad de expresión, a través de leyes que apunten al establecimiento de una verdad oficial o iniciativas que busquen un mayor control estatal sobre la información. Las herramientas más eficaces y respetuosas de la libertad van por el camino de la educación, del chequeo de datos y de que los mismos lectores asuman un rol más activo y responsable en esta labor.
Recientemente el Gobierno anunció la creación de una “Comisión Asesora Contra la Desinformación” dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y encabezada por la titular de esa cartera, Aisén Etcheberry Escudero. Esa definición hace suponer que se abordará el fenómeno de la desinformación desde la educación y de los avances tecnológicos, que es de donde provienen los mayores desafíos en esta materia. Desde la Asociación Nacional de la Prensa vamos a colaborar con esa instancia si el objetivo es avanzar en esa dirección, como se lo manifestamos al gobierno.
E, igualmente, estaremos atentos a cualquier deriva hacia la utilización del flagelo de la desinformación para conseguir mayores controles sobre la libertad de expresión en los medios de comunicación, como lo fue el controvertido proyecto “Más Voces”, que impulsó hace un tiempo el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) bajo la consigna de promover el pluralismo en los medios de comunicación. Una sociedad democrática se sustenta, entre otras cosas, en que ningún gobierno, con la excusa de proteger a la población, pueda erigir sus ideas como verdades únicas, restringiendo, con su poder, otras expresiones y opiniones”.
Por su parte Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresó su preocupación por la instancia creada en nuestro país y señaló que «más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información», apuntó el presidente de la asociación”. Desde el organismo continental, que reúne a editores y periodistas de toda América, criticaron también que “debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo”.
“Las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa”, complementó Greenspon.
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