Graneros es conocida como la ciudad del café de la región de O´Higgins, y también como la “ciudad más folclórica de Chile”. Cuenta con 33.247 habitantes que buscan disfrutar de los servicios, con lo rural, que hacen de esta ciudad un agradable lugar para vivir. Aunque durante el último tiempo ha estado en el ojo de la opinión pública por temas que dejan en duda el actuar de las autoridades.
El alcalde Segovia, quien es independiente, a finales del mes de diciembre de 2022 se vio envuelto en una polémica, cuando la Contraloría le pidió al municipio corregir observaciones en la Corporación de Educación. Esto tras un informe de la Unidad de Control Externo de la Contraloría General de la República, la que señaló que el «municipio de Graneros ha aportado antecedentes que han podido salvar solo parte de las observaciones planteadas en un pre informe de auditoría».
Por ello, la Contraloría hace mención específica de «gastos operacionales rendidos a la SEREMI y no pagados por la cuenta exclusiva del FAEP», que se subsanan en parte, pero que dan pie a una serie de observaciones del órgano contralor. Señala que «la Municipalidad de Graneros deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que la rigen».
La Contraloría pidió la elaboración de un manual de procedimientos, ocupar de manera exclusiva la cuenta corriente FAEP para los gastos y rendiciones y desarrollar el proceso de rectificación de lo observado. Para ello, la Contraloría dio un plazo al municipio de 60 días, y de 30 para subir a la plataforma la documentación requerida.
Ante este informe, el alcalde Claudio Segovia, en entrevista exclusiva con El Tipógrafo señaló que «la Contraloría ha hecho lo correcto ya que realiza su labor de control. Ha detectado algunas anomalías y nos ha enviado un informe contundente, respecto del uso de recursos públicos. Tenemos que rectificar algunos procedimientos y rendiciones».
El alcalde indicó que «hubo un funcionario que no realizó ciertas rendiciones en tiempo y forma y la plataforma para hacer ello fue cerrado por el órgano contralor. Aquí no hay dolo, delito o falta de probidad. Hubo acciones administrativas inadecuadas que deben ser corregidas».
«Nosotros detectamos que funcionarios al momento de asumir cargos y responsabilidades, no tenían las competencias de lo que debía hacer y ello provocó esta situación, que acogemos y vamos a corregir», concluyó.
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