La controversia en torno al proyecto vial en San Fernando, que amenaza con expropiar propiedades en Villa Esperanza, ha tomado un giro crucial con la intervención de Luis Orellana Rojas, ingeniero civil y asesor técnico de los vecinos afectados. Orellana, con una sólida base de conocimientos técnicos y legales, ha expuesto públicamente serias irregularidades en el proceso y la justificación del proyecto, poniendo el foco en la alarmante ausencia de participación ciudadana y la aparente desconexión con el plan regulador vigente. Su análisis no solo valida las preocupaciones de la comunidad, sino que también augura un largo y complejo litigio legal.

La Sombra de Sectra

Luis Orellana detalla que el origen de este conflicto se remonta a un estudio iniciado alrededor de 2018 por Sectra, una división del Ministerio de Transporte, cuya misión es descongestionar ciudades. Si bien SECTRA analizó inicialmente 26 alternativas viales para San Fernando, reduciéndolas a 20 y concluyendo su estudio en abril de 2020, el experto señala que el proceso parece haber priorizado exclusivamente «variables estadísticas y económicas de rentabilidad» sin considerar el impacto social.

La Ausencia Clave: Participación Ciudadana Nula o Viciada

El punto más crítico para Orellana es la «falta absoluta de participación ciudadana» en la fase inicial del proyecto. Según sus palabras, no existen registros de consultas a la comunidad hasta 2023, fecha en la que Serviu realizó una participación que el ingeniero califica de «viciada». ¿Por qué? Porque fue de carácter general para la ciudad y no específica para los vecinos directamente impactados, involucrando incluso a personas ajenas a la zona.

La situación se agrava con la reciente invitación del 1 de abril de 2025, calificada también como «viciada». Convocada con apenas un día de anticipación y marcada por la presencia de logos municipales y de Serviu (a pesar de la negación del municipio), esta reunión, donde una consultora sin facultad legal comunicó la posibilidad de expropiaciones, solo profundizó la desconfianza. Para Orellana, la ausencia de una participación genuina implica que «no hay conclusiones válidas» y que los resultados del informe de Sectra podrían ser «revertidos».

Vulneración de Derechos y dudas con Plan Regulador

«Los vecinos sí han sido vulnerados en sus derechos», enfatiza Orellana. La toma de decisiones que alteran radicalmente sus vidas sin su conocimiento es, a su juicio, inaceptable.

El conflicto se complejiza aún más al confrontar el proyecto con el Plan Regulador vigente de 1998. Según Orellana, los certificados de informaciones previas municipales (SIP) y de Serviu demuestran que las propiedades de los vecinos «no son expropiables». Esto sugiere que el proyecto está «fuera del plan regulador» o que no se adhirió a sus directrices. Expropiar una zona no declarada de utilidad pública en el plan regulador requeriría un largo y complejo proceso municipal para rezonificarla, un camino que «puede llegar a tribunales».

Alternativas Ignoradas y Responsabilidades

Mientras el Plan Regulador de 1998 propone vías como Roble y Manuel Rodríguez hacia el poniente (y Calle Roble incluso tiene una afectación de expropiación desde 1982 que nunca se concretó), la propuesta actual en Calle Membrillar es «totalmente nueva» y no se alinea con este marco. Además, la alternativa propuesta por los propios vecinos –tres pistas reversibles en Calle El Roble, un esquema exitoso en otras ciudades– fue rechazada por Serviu y el Ministerio de Transporte bajo el argumento de la «rentabilidad social», una justificación que no convence a los afectados.

Aunque la consultora realiza el estudio, Orellana subraya que la responsabilidad recae en Sectra como mandante, quienes tenían la obligación de informar a la comunidad. Políticamente, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es el ente responsable, y funcionalmente, el jefe zonal de Sectra (Santiago a Concepción) es el directo culpable de la falta de información a los vecinos.

La fase de ingeniería del proyecto, a cargo de Serviu, se inició en 2022 y se espera que finalice el primer semestre de 2025, coincidiendo precisamente con el momento en que los vecinos se enteraron de las inminentes expropiaciones.

En definitiva, la perspectiva de Luis Orellana Rojas dibuja un panorama donde un proyecto promovido por criterios de «rentabilidad» parece haber pisoteado los pilares de la participación democrática y la normativa urbanística. Esto, sin duda, augura un «largo y complejo proceso legal para los vecinos afectados», quienes ahora ven validadas sus preocupaciones desde una perspectiva técnica y legal.

Cabe recordar que a principios de junio el alcalde, Pablo Silva Pérez, haciendo eco de los vecinos convocó a Serviu y Sectra a una reunión para aclarar a la comunidad los alcances del proyecto y todas las dudas planteadas, pero los organismos indicaron que el trazado expuesto es el mejor, aunque no resolvieron los temas de eventuales vicios como la falta de información a los vecinos respecto de las eventuales expropiaciones.

NOTICIA RELACIONADA: https://eltipografo.cl/2025/06/alcalde-de-san-fernando-expone-a-serviu-y-sectra-inquietudes-vecinales-por-proyecto-par-vial-el-roble-membrillar

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