Una interesante jornada, en la que participaron autoridades regionales y locales y representantes nacionales y regionales de la Cámara Chilena de la Construcción, fue la que se vivió en la CChC de Rancagua con el seminario “Planificación Territorial en el escenario de una nueva Constitución: Diagnostico actual y proyecciones futuras”.
La actividad se inició con la exposición del arquitecto y especialista en desarrollo urbano, Fernando Pérez Barrientos, quien expuso como hay una relación directa entre las comunas con planos reguladores comunales, PRC, más desactualizados y los bajos niveles de calidad de vida, en esos territorios. El trabajo es producto de un análisis, iniciado por la CChC de Rancagua, hace 3 años, y que incluyó la solicitud de información vía Ley de Transparencia y un proceso de entrevista con 32 de los 33 directores de obras de las comunas de la Región de O’Higgins.
Como sostuvo en su saludo, el Presidente del Comité de Vivienda de la CChC de Rancagua, Francisco Donoso Tagle, el objetivo de la organización gremial es “aportar al desarrollo urbano de nuestras 33 comunas y es por ello, que cuando tenemos un déficit exponencial de viviendas de interés social, como ocurre hoy en la región y el país, resulta esencial trabajar en forma conjunta en temas como contar con Instrumentos de Planificación Territorial, IPT, actualizados que son los que permiten aplicar de la mejor forma las políticas de vivienda y ciudad del Gobierno”. Y acotó “queremos generar una información, un producto que le sirva a las personas que trabajan en la planificación, tanto en el mundo público como en el privado”.
Resultados que preocupan
Al 2035 la Región de O’Higgins tendrá un millón de habitantes, de los cuales casi el 80% estará en áreas urbanas, lo que reafirma la importancia de los planes reguladores que permitan asegurar una buena calidad de vida, señaló el arquitecto Fernando Pérez. Y detalló que, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, la zona tiene un déficit de “más de 25 mil viviendas y se espera construir 14.677 en 4 años y 2400 el 2022; ellas se concentran en 7 comunas, donde 3 tienen sus planos reguladores actualizados: Rancagua, Machalí y Pichilemu, mientras que Pumanque no posee y los de Palmilla, Doñihue y Malloa están desactualizados”.
A ello se suma que Marchigüe y Nancagua son otras dos comunas sin PRC, pero que sí están en vías de formularlos, precisó el profesional. Asimismo, detalló que se encuentran en proceso de actualización de sus planes, 15 de las 33 comunas, y otras dos están postulando a los fondos necesarios para realizar este proceso.
Se define como desactualizado a un PRC cuando no se ha puesto al día en 10 años, y en esa condición se encuentran 9 comunas de la Región, donde se expuso la situación de Coltauco, cuyo Plan Regulador lleva 24 años sin actualización. “Esto preocupa, dijo Fernando Pérez, porque un PRC demora, en promedio, 8 años en ser actualizado, es decir, Coltauco podría cumplir 32 hasta lograr la actualización”.
¿Quieren, pero se podrá?
En promedio los PRC tienen 14 años de antigüedad, sin embargo, el 94% de los municipios cree que su PRC debe ser actualizado. No obstante, este deseo topa con otro obstáculo: el 69% de los municipios de la región no cuenta con los profesionales especializados en materias de planificación. Asimismo, el análisis permite establecer que, en el 87% de los casos, se requiere contratar “al menos un profesional especializado para realizar la actualización.
La necesidad de actualizar se topa también con que -de acuerdo a lo expresado por los equipos de planificación municipal- la comunidad, en un 62%, no percibiría el PRC como un instrumento que puede tener un impacto en su vida diaria. Y a ello se suma que el 65% de los municipios manifiesta no contar con presupuesto garantizado para la contratación de profesionales, estudios o consultorías de apoyo. Y de ese 65%, el 33% señala no conocer alternativas para financiar la actualización del PRC.
Las lecciones y el futuro
Las lecciones que el estudio deja se pueden resumir en que: la desactualización de los PRC es un diagnóstico claro en los municipios; el estado actualizado de los PRC no garantiza, necesariamente, una adecuada respuesta a las necesidades urbanas actuales de la comuna. Asimismo, se establece que la alta carga laboral de los funcionarios municipales es un obstáculo relevante para mantenerlos actualizados y la mantención actualizada de los mismos, es una tarea compleja que está determinada por factores políticos, administrativos, presupuestarios y técnicos, entre otros.
Sobre el futuro se requiere gestionar y potenciar campañas de educación ciudadana para que los temas de planificación sean prioridad en todas las agendas municipales. Además de actualizar los PRC se necesita impulsar una metodología de seguimiento y monitoreo para mejorar los diagnósticos de los mismos. Y otro punto importante es promover asesorías específicas para los municipios en materias de planificación y desarrollo urbano y rural.
La propuesta de nueva Constitución, la vivienda y la ciudad
En la segunda parte de la jornada, la urbanista Isabel Serra realizó un análisis sobre la propuesta constitucional, a votar el próximo 4 de septiembre, en temas como: derecho a una vivienda digna, integración social, acceso a los beneficios en las ciudades, planificación, territorio y medio ambiente.
La profesional sostuvo que la importancia de la planificación es que “ofrece herramientas para concretar los sueños de ciudad”. Luego entregó detalle sobre lo realizado históricamente en Chile, en materia de planificación y vivienda. Explicó que, en la Constitución de 1833, se señalaba que “La casa de toda persona que habite el territorio chileno es un asilo inviolable, y solo puede ser allanada por un motivo especial determinado por la lei (SIC), y en virtud de orden de autoridad competente”.
1960 es un año con hitos importantes en la materia como la creación de la Corporación de la Vivienda, empresa del Estado que se relaciona con el Ejecutivo a través del MOP. Mientras que la Constitución de 1980, garantiza en su Capítulo III, de los Derechos y Deberes Constitucionales, el “derecho de propiedad”, pero “no existe ningún reconocimiento expreso del derecho a la vivienda”. A ello se suma la reorganización política llamada regionalización y se dicta el Decreto N° 2552 sobre el Programa de erradicación de campamentos.
En los ’90 el tema vivienda se enfrenta a dos disyuntivas: cantidad v/s calidad y tamaño v/s integración funcional. Mientras que el estallido social y la pandemia del Covid 19 trajo una crisis política, económica y social, así como un cambio demográfico, un cambio tecnológico y un cambio en los patrones de consumo, lo que significó “un agotamiento de antiguas soluciones para nuevos problemas”, señaló la urbanista.
Y hoy, existe una evidente crisis habitacional, que busca enfrentar, desde el Gobierno, con un Plan de Emergencia Habitacional que entrega “herramientas normativas de gestión para atender las urgencias, contener y reducir el déficit habitacional y avanzar hacia ciudades más justas e inclusivas”. La demanda habitacional proyectada al 2022 es de 643.534 viviendas. A nivel de la Región de O’Higgins las cifras son una población de 914.550 personas, con un déficit de 16.836 viviendas, según Censo del 2017, con 1.414 hogares en campamentos.
La Nueva Constitución, en materia de vivienda, contempla “el derecho a una vivienda digna, adecuada, habitable con espacio y equipamiento suficiente. Disponibilidad de servicios, accesibilidad y ubicación apropiada”.
Al cierre de su exposición, la urbanista Isabel Serra señaló los desafíos actuales en materia de vivienda son: interpretación, priorización, trabajo legislativo, implementación y presupuesto en una Constitución que “deja abierta a las leyes las definiciones”.
Tras las exposiciones la ronda de preguntas y la conversación en torno al tema, junto con los agradecimientos de las autoridades por el trabajo realizado por la CChC de Rancagua que aportará a una planificación bien pensada y con foco en la calidad de vida de sus habitantes.
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