Prioridades

Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de la encuesta CASEN, la cual da cuenta de los índices de pobreza y la distribución de ingresos en el país. Las cifras muestran que, a nivel nacional, en los últimos 3 años la pobreza aumentó en más de 2 puntos, pasando de 8,6% a 10,8%. En la región de O’Higgins la cifra practicante se mantuvo, quedando en 10%. En relación a la extrema pobreza, al igual que como ocurrió a nivel nacional, la sexta región vio duplicado sus indicadores, pasando de 2,2% a 4,2%

Por otro lado, las cifras de la última medición del INE dan cuenta que el desempleo en O’Higgins es de 11,2% (lo que muestra una recuperación en comparación con periodos anteriores, en dónde se llegó al 14,5%) lo que significa que hay más de 48.000 personas que se encuentran desocupadas, sumado a que el empleo informal creció 2,6 puntos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En definitiva, las cifras nos muestran que, durante el último tiempo, y a propósito de la pandemia, muchas familias han perdido sus fuentes de trabajo, y otras tantas han pasado lamentablemente a engrosar las filas de la pobreza y la extrema pobreza. Es por esto que resulta sorprendente que el eje del discurso público no este enfocado en cómo hacernos cargos de forma seria de los más pobres.

Lo bonos y las ayudas Estatales más temprano que tarde cesarán, y ahí no habrá mejor política pública que el pleno empleo. Para una familia, sobre todo las más vulnerables, resultará fundamental recibir un sueldo proveniente de un empleo formal, el cual, además de otorgarle certeza de los ingresos que recibirá a fin de mes, le entregará protección de seguridad social.

Sin embargo, la clase política parece estar ajena a estos problemas, con prioridades diametralmente distintas. Vemos qué hasta ahora la Convención Constituyente, en lugar de discutir sobre las bases para que Chile siga siendo un país próspero, ha dirigido sus esfuerzos en impulsar un perdonazo para delincuentes que amparados en el contexto del estallido social, cometieron delitos como quema de iglesias, robo o lanzamiento de elementos incendiarios (el prontuarios de los detenidos se puede revisar en un informe elaborado por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional).

Por otro lado, uno de los aspirantes a la Moneda, muy suelto de cuerpo, sostiene que las PYMES que no pueden pagar un sueldo de 567 mil pesos simplemente deben desaparecer, no considerando que son dichas empresas las que generan más de la mitad del empleo en Chile, y que el Estado debe protegerlas y potenciarlas en lugar de acribillarlas. 

Por último, será importante que el nuevo Gobernador Regional, quien ya no tendrá la excusa del recorte presupuestario, de cuenta de cómo con los recursos del Gobierno Regional hará frente a las cifras de desempleo y pobreza en nuestra región. Estaremos muy atentos a lo que haga o deje de hacer.