Laura tiene 12 años y su pareja 15, decidieron vivir juntos cuando supieron del embarazo. Se armaron, además de valor, con tablas y otros materiales para construir una endeble vivienda, como el vientre de la menor que, a su corta edad, estaba formando una vida, sin estar lista biológicamente para tal desafío.
La segunda semana de enero, la niña cumplió 8 meses de embarazo y comenzó a experimentar dolores de parto. Partieron, con el padre de la criatura (de la otra, aún no nacida), al servicio público cercano a Santa María de Ajoloapan, un pueblo originario del municipio de Tecámac, Estado de México.
Por obvias razones, la edad de la madre llamó la atención del equipo médico. Pronto, las autoridades municipales se dieron por enteradas y la trasladaron a un hospital privado. Las respectivas familias de los niños padres, no estaban con ellos. Los dejaron solos desde que se enteraron del embarazo.
El pasado 13 de enero, nació un niño de forma prematura en el Hospital general de las Américas. Pesó 3 kilos. Así lo informaron medios mexicanos como El Universal.
La presidenta municipal (alcaldesa) de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, dio parte de la noticia en su página de Facebook. La publicación corroboró la difícil situación de los 3 menores prematuros (dos, en temas de procreación y uno, de nacimiento), además de otras decenas de miles que necesitan asistencia nutricional y psicológica.
“Hasta hoy hemos registrado a 70.000 menores, de los cuales tenemos la información que 9.276 requieren atención médica, psicológica o nutricional, la que se les va a proporcionar a partir de marzo”, consigna la publicación.
A ella le están brindando los cuidados de salud necesarios tras el parto. Ambos padres recibirán apoyo psicológico, según la oferta municipal.
No obstante, su situación va más allá de las promesas políticas, perfiladas en este caso.
Laura y Pedro viven una situación cuesta arriba. Siendo niños y adolescentes, de acuerdo a sus edades, las condiciones de vivienda representan un riesgo, tanto a su salud, como a la de su prematuro hijo.
Pisos de tierra, madera insuficiente para resguardarlos del clima y escasa alimentación, son una triada de la miseria jugándoles en contra.
Por hoy, medios locales informan que la municipalidad se comprometió a darles 2.500 pesos mensuales, lo que equivale a más de 90 mil pesos chilenos. Con eso, la familia deberá sortear todas las necesidades que se presenten, ahora que son padres en condiciones difíciles .
Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de Naciones Unidas, de cada 1.000 embarazos Latinoamérica, 62 son de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años.
Los datos consignados, revelan también que el 90% de las muertes de niñas y adolescentes embarazadas ocurre en los países subdesarrollados. Tomando en cuenta, además, el riesgo que corren al visitar clínicas clandestinas de aborto.
Harold Robinson, director del Fondo de Población de Naciones Unidas ((UNFPA), señaló a la agencia de noticias EFE, «no debe sorprendernos que la situación se haya agudizado por la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva causada por la pandemia de la COVID-19. En muchos países los centros de salud cerraron y la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, quedó restringida”.
Los costos económicos globales de los embarazos adolescentes, ha sido objeto de análisis durante el pasado 2020.
La UNFPA considera que cada estado se ve perjudicado económicamente debido a esta situación. Se estima que cada embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, generó en 2018 un costo de 1.210 dólares anuales.
“Multiplicado por el millón y medio de embarazos adolescentes anuales esto equivale a pérdidas de oportunidades para las madres jóvenes y para los estados superiores a 1.800 millones de dólares anuales”, señaló Robinson.
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