Programa "Mi abogado"

Siguiendo con el imperativo de poner a los niños primero, hace unas semanas inició su puesta en marcha en nuestra región el programa “Mi Abogado”. Esta política pública implementada por la Subsecretaría de Justicia y DDHH a través de la Corporación de Asistencia Judicial, permitirá entregar una defensa jurídica especializada a los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que estén bajo el sistema de protección o cuidado alternativo con equipos especializados e interdisciplinarios; todo ello con el objeto de contribuir a la restauración y protección de sus derechos y de asegurar y garantizar el acceso a la justicia, buscando siempre el camino más seguro y expedito que les permita restituir su derecho de vivir en familia.

El programa funciona bajo la supervisión y coordinación de la abogada Alejandra Paola Guzmán Vásquez, quién conforma un equipo junto a seis abogados, dos duplas psicosocial, y personal administrativo, y tiene sus oficinas en Avenida Bello Horizonte 869, oficina 101 en Rancagua. Estos profesionales se desplazarán por toda la región representando a los NNA en todo tipo de materias tales como: protección; penal; familia; entre otros, y su fiscalización estará a cargo de una unidad técnica de la Subsecretaría de Justicia y DDHH. Por otra parte cada abogado tendrá a su cargo hasta sesenta casos, para dedicarse a tiempo completo, no sólo a entregarles defensa jurídica, sino a trabajar con las redes de salud, educación y de asistencia que requiriere su representado junto a su familia.

Ahora bien, es necesario determinar a quién se dirige este programa, por lo que pasaremos a individualizar el perfil de los posibles beneficiarios: a) NNA que se encuentran en programas de familia de acogida Fae; b) a los infantes que se encuentren junto a sus madres en centros privativos de libertad, recordemos que actualmente los hijos de madres privadas de libertad pueden estar junto a ellas hasta que cumplan dos años de edad; c) a NNA que sean víctimas de trata de personas; d) NNA que se encuentran en Residencias de administración directa, o de organismos colaboradores; e) a aquellos NNA que estén internados en centros hospitalarios por haber sido víctimas de maltratos físicos; y f) a los hermanos de ese niño, niña, o adolescentes en sistema de cuidado alternativo.

También, es importante destacar el seguimiento post egreso que el programa hará en cada caso, que se traduce en un acompañamiento por parte del abogado que se hará cargo del menor representado una vez concluida esa representación. Lo anterior, para ir validando sus progresos, o detectando algunos nudos críticos que pudieran presentarse en el evento que haya vuelto con su familia o haya sido adoptado, entre otros.

De esta forma, el Gobierno cumple con los estándares internacionales en materia de infancia, y en especial con su obligación de proteger los derechos que tienen los niños de vivir en familia, y de ejercer su derecho a ser oído, todo ello dentro del marco de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, ratificada por nuestro país en 1990, y que en su artículo 12, establece que los Estados parte “garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del menor, en función de la edad y madurez del mismo. “De allí que la labor del programa Mi Abogado es ser precisamente “la voz de los niños, niñas y adolescente ”.