Con el objetivo de proteger la salud de la población en el contexto de la emergencia sanitaria a raíz del avance del coronavirus, la Defensoría Penal Pública presentará a lo largo del país más de mil solicitudes de revisión de prisión preventiva ante los tribunales de justicia, solicitando la sustitución de esta medida cautelar para hombres y mujeres privados de libertad y pertenecientes a grupos en riesgo sanitario, según las definiciones de las autoridades de salud.
La iniciativa que se enmarca en la emergencia que enfrenta el país a raíz del Covid-19, busca salvaguardar la vida y la integridad sanitaria de las personas imputadas privadas de libertad de grupos en riesgo como adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes.
En O’Higgins esta gestión se llevará a cabo respecto de 40 personas. 18 por ser mayores de 60 años, 18 con enfermedades crónicas, tres mujeres que permanecen con sus hijos menores de dos años en el complejo rancagüino y una embarazada.
Para cuidar también al resto de los intervinientes, los recursos se están interponiendo por escrito y a través de las plataformas de tramitación electrónica del sistema interconectado, lo que evita el traslado de los imputados, privilegiando de esta forma la prevención de contagios y la celeridad en la resolución de estas solicitudes.
Atención remota en oficinas
Desde el 23 de marzo y con el objeto de proteger a nuestro usuarios y colaboradores de la pandemia del coronavirus, la Defensoría Regional de O’Higgins ha determinado suspender la atención a público en todas sus oficinas, no obstante, ha desarrollado una estrategia de atención a través de medios tecnológicos que permiten seguir entregando el servicio en todas las instancias. Al respecto el defensor regional, Claudio Aspe, señaló que “nuestro equipo ha asumido con el mayor compromiso la tarea de facilitar las consultas de las personas que atendemos sean resultas sin tener que acercarse a una de nuestras oficinas”.
Por otro lado, el defensor regional, señaló se está implementando las entrevistas con las personas privadas de libertad a través de videoconferencias, al igual que algunas de las audiencias en Tribunales de Garantía. Al respecto fue enfático en manifestar que “estamos muy atentos a que no se vulnere ningún derecho de nuestros usuarios – y por lo mismo – corroboraremos que tanto los detenidos y quienes son pasados a control de detención, cuenten con los medios para poder comunicarse con su defensor privadamente, para que el abogado pueda fiscalizar el buen trato y justo respeto a los derechos de los imputados”, agregó Aspe.
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