El asesino de Joaquín Fernández, quien está recluido en el centro cerrado del Sename en Graneros, incumplió su beneficio de apresto laboral y se fugó a fines de enero, siendo recapturado por Carabineros en la localidad de Lo Miranda, en Doñihue, este miércoles.
Tras su arresto, pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía, instancia en la que se determinó que debía volver al centro del Sename, para cumplir lo que se resta de condena, revocándole el beneficio de apresto laboral.
Consignamos que de acuerdo a lo señalado desde el Sename la fuga de este individuo, quien actualmente tiene 20 años, “no es legalmente un nuevo delito”, por lo que “no hay variación en la condena ya establecida por la justicia”.
En este contexto, El Tipógrafo conversó con Gabriel Fernández, padre de Joaquín, el joven estudiante asesinado, quien no duda en señalar que “este sistema está viciado”.
“No es lo mismo que nosotros tengamos cierta condescendencia con los adolescentes a que se los otorgue impunidad por los diferentes crímenes o delitos que ellos comentan. Entonces, nosotros hemos conversando con todas las instituciones y poderes del Estado y ninguno demuestra preocupación por lo que sucede”, criticó.
Gabriel ha manifestado anteriormente que como familia sienten que “el sistema de justicia a nosotros nos ha olvidado, nos ha aplastado”, considerando que al asesino de su hijo le dieron en principio 10 años de cárcel para luego rebajarlo a 6.
“Cuando estos tipos que son un peligro para la sociedad, por los crímenes que comenten. parece no importarle ni a las autoridades ni a la institución que los acoge”, señala, añadiendo a continuación que “si nosotros como ciudadanos comunes no somos capaces de salir a la calle y tener una cantidad de gente importante detrás nuestro para que nos puedan tomar en cuenta nada de esto hubiese sucedido, no hubiesen ni siquiera tomado en cuenta que el que se fugó es un delincuente que es peligroso”.
Fernández es crítico respecto a todo el sistema judicial y apunta a que por lo ocurrido “debe haber un punto de inflexión (…) que ellos se den cuenta que esto no puede seguir así, porque es una falta de respeto hacia nosotros porque aparte de ser víctimas nosotros somos contribuyentes”.
“Hoy cuando hay un quiebre entre la autoridad, los poderes del Estado y nuestra sociedad deberían tomarse con mayor rigurosidad este tipo de situaciones”, sostiene, detallando que sienten frustración ya que “el victimario es el que tiene las garantías, la asistencia jurídica y tiene todas las de ganar en el tribunal y nosotros, si no tenemos dinero, no tenemos derecho a una defensa”.
Por esto hace un llamado a que las autoridades, tanto de Gobierno como judiciales, se hagan responsables y den una señal potente a las víctimas de la delincuencia.
“Nuestra impresión es de total abandono de parte del sistema judicial hacia nosotros como ciudadanos, padres y víctimas legales”, sentencia.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas