Este martes terminó la etapa probatoria en el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Electoral Regional (TER), entre el alcalde Carlos Soto y tres concejales de la comuna, Flor Pino, Ulises González y Julio Ibarra.
Los ediles apuntan al jefe comunal por supuesto notable abandono de deberes.
Por su parte, el alcalde, a través de una sólida defensa, desglosó las acusaciones en su contra, desestimándolas y sosteniendo que espera “en absoluta tranquilidad” el fallo del tribunal.
“Lo primero que quiero dejar en claro es que yo confío absolutamente en todo el equipo de funcionarios que tenemos en la municipalidad, en los niveles de excelencia, en la gestión que hemos logrado durante estos 7 años, que está demostrado en los informes de Contraloría”, parte diciendo Carlos Soto.
El jefe comunal detalla que en el 2016 –años antes de que concejales presentaran el requerimiento en su contra- y a solicitud suya, la municipalidad suscribió de forma voluntaria un contrato con Contraloría, “precisamente para iniciar un camino que venga a reforzar un proceso de innovación y de mejoramiento de gestión que habíamos iniciado”.
Y en este sentido destaca: “No hay ningún alcalde en Chile que por voluntad propia invite a la Contraloría a trabajar en conjunto”.
En esta línea, la autoridad municipal recuerda que en el mes de julio del 2018 fue informado de que 2 concejales, Flor Pino y Ulises González, tenían más de 8 años de atraso en la rendición de los recursos entregados por la municipalidad para las actividades referentes a su cargo.
“Precisamente por lo aprendido por el convenio con Contraloría yo tuve que ingresar esta observación al Tribunal Electoral Regional y lo hice en el mismo mes de julio, para que ellos decidan qué es lo que hay que hacer”, explica Soto, agregando que “cuando son notificados los concejales, a los días después de forma altisonante, indicaban que poco menos era una persecución política lo que yo estaba haciendo”, aseguró.
El alcalde Soto califica esta situación como clave en lo que vendría después, cuando los concejales realizaron las acusaciones en su contra, comenzando – según señala- «una difamación pública en su contra», cuando finalizó el “juicio de cuentas” contra los concejales.
“En mayo del 2019 se cierra el proceso porque los señores concejales en mayo ingresaron a las arcas municipales los recursos que se le habían entregado y ellos no habían rendido. Con ello reconocieron que la acción que yo hice estaba ajustada a derecho”, recuerda.
“Luego de esto, ellos ingresan una acusación en mi contra y se suma el concejal Julio Ibarra. Lamento muchísimo que como vendetta política, por venganza por una acción justa que realicé ante una irresponsabilidad de los señores concejales, se presente un acusación que de verdad raya en lo increíble”, sostiene Soto.
La autoridad de Rengo señala que le presentaron el requerimiento que contemplaba 29 acusaciones, de las cuales el Tribunal Electoral desestimó 20 y dejó 9 a investigar.
El proceso se ha extendido por alrededor de 2 años, “y durante todo este tiempo ellos han hecho cuestión pública de algo que es absolutamente falso”, afirma Soto.
En relación a las acusaciones en su contra, el alcalde desmiente de raíz que haya sido acusado de malversación de fondos públicos y detalla que “lo que ellos están acusando frente a 9 temas es que yo omití mi facultad de fiscalizar a los funcionarios. Por eso me acusan de notable abandono de deberes”.
“Llegamos a la instancia final ayer (martes) y, después de escuchar las presentaciones de los abogados, no me queda más que decir que esto fue una vendetta política, una venganza por haber hecho yo las acciones anteriores a los señores concejales”, asegura el alcalde.
A modo de ejemplo, uno de los puntos en los que insistió la parte acusatoria, apuntaba a que en la comuna de Rengo no habría existido plano regulador. “Tuvimos que ir y decirle señores jueces (…) el plano regulador en Rengo existe, el último aprobado es del 2009 y cuando se aprueba este plano regulador era concejal la señora Flor Pino, una de las que me está acusando”, relata el alcalde.
Señala además que en los últimos siete años, el Concejo Municipal ha aprobado ocho modificaciones del “supuestamente inexistente plano regulador”.
Otra acusación radica en la “inexistencia” del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC, sin embargo, el edil afirma que este organismo sesiona y opera regularmente, según consta en actas y documentos que lo acreditan.
También, hace mención a otra de las supuestas faltas, que sería la aprobación de siete tratos directos, mecanismo de compra que contempla la ley cuando no hay oferentes en una licitación. Sin embargo, con vehemencia indica que no participó de estas decisiones tomadas en Concejo Municipal, pues estaba ausente haciendo uso de una prolongada licencia médica.
En espera del fallo del Tribunal Electoral, el alcalde afirma que “estamos absolutamente tranquilos”, agregando que “lamento profundamente tener que distraer parte de mi tiempo para ir a escuchar, argumentos de algo que nunca ha sucedido y además me preocupa lo sucedido pues refleja o un desconocimiento preocupante de la gestión municipal, sin dimensionar el daño que esto hace a la gestión pública y a la labor que espera de ellos la comunidad”, sentencia el alcalde Soto.
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