Intendente Masferrer: «No va a haber impunidad para casos en los cuales se cometa algún tipo de delito»

Publicado el 27 noviembre, 2019 Por Norelis Vilchez

En entrevista con diario El Tipógrafo, la autoridad regional manifestó que ha habido un aumento en la violencia y una disminución en el número de personas que manifiestan.

Próximamente el país arribará a su sexta semana de manifestaciones consecutivas tras el estallido social que se inició el pasado 18 de octubre.

En O’Higgins, varias comunas se han levantado en protesta, convirtiéndose Rancagua en el epicentro no solo de marchas diarias, sino también en el foco de incendios, saqueos y desmanes que han afectado a instituciones públicas y la empresa privada.

En una entrevista exclusiva con diario El Tipógrafo, el intendente Juan Manuel Masferrer dio a conocer la mirada del gobierno regional frente a las demandas sociales, la actuación de los organismos de seguridad del Estado y las medidas tomadas a la fecha.

A seis semanas de manifestaciones, ¿cuál es el balance general en la región?

Comenzamos con marchas masivas, pacíficas, que luego fueron derivando a una mezcla de marchas que, en forma posterior, después teníamos un tipo de incidente, en algunos casos particularmente. Efectivamente hemos visto un aumento en la violencia, una disminución en la cantidad de personas que se manifiestan y yo creo que, en ese sentido, ya la familia, el ciudadano común y corriente -que tenía legítimas demandas sociales y de las cuales el gobierno se está haciendo cargo y el parlamento también- se ha ido alejando.

Esto también ha sido tomado por grupos más violentos, por grupos quizá anarquistas, de interés y de delincuentes y que, por lo tanto, ha generado un grado de violencia mucho más importante.

Tenemos a la fecha 937 personas detenidas,  611 eventos violentos, dentro de los cuales clasifican saqueos e incendios en los momentos de toque de queda, barricadas que se contabilizan al día de hoy cuando hay una quema de un vehículo, cuando hay algún tipo de daños a edificios públicos y privados. Hay 44 semáforos dañados a nivel regional. El día de ayer (martes) hubo 15 personas detenidas y tenemos 20 eventos de violencia en las últimas 24 horas y tres semáforos dañados. A la fecha hay 52 carabineros lesionados, 46 vehículos dañados y 11 cuarteles de carabineros que han sido atacados.

¿Cuál es su impresión del actuar de Carabineros en la región? ¿Se han visto sobrepasados?

Yo no he visto eso sí que Carabineros esté sobrepasado, nunca es bueno hacer comparaciones y se entiende, pero hay que ser claros: estamos dentro de un contexto nacional y se puede ver que en capitales regionales de otros lados están completamente saqueados los supermercados, incendios, eso acá no ha ocurrido y no ha ocurrido por el trabajo coordinado que han hecho ambas policías en también prevenir y manejar la situación. Ha habido hechos puntuales, eso sí, que en algún momento lo hace más complejo obviamente”.

Hay dos acciones de carabineros que han incrementado el rechazo hacia la institución y tienen que ver con el caso del menor utilizado como escudo humano y la mujer presuntamente abusada, ¿cuál es su impresión al respecto?

Quiero destacar la importancia del orden público para la democracia y lo fundamental que es, pero al mismo tiempo ese orden público debe ser con total y absoluto respeto a los derechos humanos. Esa ha sido la instrucción directa dada hacia Carabineros. La verdad es que cuando tenemos incidentes de este tipo, estoy hablando respecto a violencia en general, cuando son realizadas por instituciones que están conformadas por seres humanos, ocurren errores y se saltan protocolos.

En este caso nosotros tenemos estos hechos puntuales que yo creo que hay que recalcar que son dos hechos puntuales. Nosotros lo repudiamos categóricamente, hemos sido muy claros, pedimos ese día que se hiciera un sumario interno, los cuales se están realizando y que se tenga completamente transparencia y apoyo a la Fiscalía en caso de las investigaciones.

¿Existe un trabajo colaborativo entre el gobierno regional y el Instituto Nacional de los Derechos Humanos?

Existe un trabajo colaborativo en el sentido de que hay una total transparencia y disponibilidad de los órganos del Estado, como Carabineros y PDI, y también de Servicio de Salud. Ellos han ido a visitar algunos heridos, a personas para constatar lesiones y el mismo director (del INDH) me dijo que toda la disponibilidad había existido y en ese sentido se trabaja bien.

¿Cuántas querellas ha presentado la Intendencia y por cuáles delitos específicamente?

La gran mayoría que hemos presentado son por La ley de Seguridad Interior del Estado, porque esto nos permite establecer sanciones más altas (…) particularmente por la gravedad o el daño hacia personas o propiedad privada. En este caso hemos presentado ya 22 querellas y pretendemos presentar 6 más el día 2 de diciembre. El mensaje del equipo jurídico, desde el gobierno regional y Carabineros, es que no va a haber ningún tipo de impunidad para los casos en los cuales se cometa algún tipo de delito.

En el contexto de las manifestaciones, ¿cree usted que como gobierno están haciendo lo necesario para contener el estallido social?

Para hacer lo necesario para contener el estallido social, uno tiene que dividirlo entre  responder a las legítimas demandas sociales y restablecer el orden público. En el caso de las legítimas demandas sociales, yo creo que el gobierno y quiero hablar incluso de la clase política, el Parlamento, creo que estamos haciendo más que lo solicitado por las personas. Seamos claros que lo que se solicitó era el congelamiento del alza de la luz, hecho;  congelamiento del alza del metro, hecho; un (alza del) salario mínimo que hasta el gobierno anterior, en promedio, fueron $7 mil, $5 mil, 4 mil pesos y todos decíamos, hicimos un acuerdo, perfecto”.

Aquí estamos hablando de un aporte nuevo, que casi es de $50 mil, que es de 350 mil pesos el ingreso mínimo, y uno tiene que decirlo que antes ni pensado en los últimos gobiernos. Estamos hablando de que hay que meterse en el tema de pensiones, va a haber un aumento en el Pilar Solidario (…)  que van a beneficiar a más de un millón 700 mil personas.

Eso está en el Congreso ya aprobado y avanzando y desde el punto de vista político que eran otras de las demandas. El Congreso ya aprobó los primeros trámites respecto a la reelección de los parlamentarios, de bajar la dieta de los parlamentarios y de las principales autoridades de gobierno. Por otro lado ya se han presentado proyectos que buscan castigar más duramente, que me parece muy bien, todo el tema de abusos que tiene que ver con corrupción y con una serie de otras temáticas que estaba exigiendo la gente. Si uno ve la agenda, se está trabajando en eso, se está haciendo con avances que antes nunca se habían hecho.

El presidente ya estableció un camino hacia una nueva constitución. Vamos a tener un plebiscito en abril para definir si queremos o no una nueva, si queremos que esa nueva sea a través de convención constituyente  o sistema mixto, pero hay un camino. (…) Quiero aprovechar también porque hay proyectos en el orden público que son tremendamente importantes. Aquí no existe una ley que establezca con sanciones claras, por ejemplo, el saqueo, las barricadas o los encapuchados y eso hay que hacerlo, eso también es un proyecto que ya está presentando el gobierno precisamente para que el Parlamento lo apure.

¿Cuál cree que ha sido el momento más álgido de las seis semanas de manifestaciones que le ha tocado enfrentar como gobierno?

Yo creo sin duda que fueron los primeros días, porque no es sencillo para una autoridad establecer estados de excepción y limitar las libertades constitucionales que tenemos. A nadie le gusta eso y nadie lo quiere. Yo creo que esos tres días fueron muy complejos, por dos razones, primero por lo complejo que significa que los militares estén a cargo de la seguridad de una región, en este caso de Rancagua, que es la capital regional, y en segundo caso porque hubieron hechos en que violentaron profundamente a la gente más trabajadora, a la gente más humilde  de la clase media.

En reiteradas oportunidades ha hecho públicamente un llamado a la unidad, ¿cuál ha sido el rol los parlamentarios de la región para calmar el estallido social?

La verdad es que los parlamentarios han tenido arduas jornadas de trabajo, particularmente con el tema del presupuesto que se está aprobando ahora para el 2020 y que se ha ido conjugando con todo este estallido social donde han tenido que establecer una agenda prácticamente paralela de proyectos de ley que se han tenido que ir aprobando trámite a trámite, así que esa es su primera tarea.

Entiendo que han estado enfocados más ahí. Yo he tenido contacto particularmente con parlamentarios de chile Vamos que llaman en forma muy constante para ver la situación de la región, cómo está el orden público y cómo está la seguridad, en qué pueden aportar, pero si extraño quizá una condena mayor y clara respecto a los hechos de violencia que me gustaría que viniera de todos los sectores políticos. Siempre es importante recalcarlo y sería bueno que se mantuviera.

El alcalde Eduardo Soto aseguró que el gobierno regional no está en condiciones de asegurar  el resguardo de los vecinos “incumpliendo sus obligaciones legales”.  ¿Cuál es su postura frente a estas aseveraciones?

Yo creo que las críticas esbozadas por el alcalde son válidas, legítimas en base a la preocupación que puede tener una autoridad y a la impotencia que pueda tener una autoridad en no poder  hacer nada respecto a la seguridad en caso de un alcalde. Yo no acostumbro sí generar polémica a través de redes sociales y lo hago por los conductos que corresponden. Esta es una Intendencia de puertas abiertas y eso lo saben todos los alcaldes y particularmente, el de Rancagua y, en ese sentido, yo prefiero que se conversen sobre propuestas concretas.

Creo que no es el momento de culpar a alguien, sino donde tenemos que estar todos unidos para ver cómo resolvemos el tema del orden público, así  que en ese sentido  uno espera más propuestas (…) el trabajo con las policías se está haciendo en forma coordinada (…) aquí hay un trabajo de inteligencia y policial que evita muchas cosas y cuando nosotros decimos que aquí ha habido hechos graves, pero han estado contenidos, tiene que ver con que también hay un trabajo hecho de las policías.

En ese sentido tanto Carabineros, la PDI y el gobierno están haciendo todo lo ajustado a la ley posible para mantener esto, que insisto no es algo normal, por lo tanto es complejo, pero en ningún caso estamos sobrepasados o que no pudiéramos asegurar la seguridad de las personas.

¿Cuál es el llamado del gobierno ante esta crisis?

Hay que hacer ese llamado a la paz y en ese acuerdo tiene que haber un llamado a lo que es efectivamente la justicia social, porque siempre se dice no hay paz sin justicia, bueno se está avanzando a la justicia. Cuando yo digo que hay proyectos para ser mucho más duros en el tema de los abusos, para delimitar la reelección y baja de sueldos, donde estamos diciendo que vamos a aumentar la pensión básica solidaria, donde va a haber una disminución en el valor del transporte público, una serie de medidas en el sentido de que el llamado a la justicia se está haciendo.

Un llamado sin duda al orden público, para que podamos nuevamente poder tener una vida en paz y tranquila, para nosotros aprovechar nuestras libertades constitucionales y andar tranquilo en la calle, porque eso es, cuando la gente no puede hacer un trámite tranquilo, ir al médico, ir al colegio, ir a trabajar para poderle llevar la comida a su familia, eso es atentar contra la libertad de las personas y, por lo tanto, el llamado a restaurar el orden público para que podamos tener una vida en paz y tranquila como hemos estado siempre acostumbrados.

 

 

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