Hace unos días, la Fundación Defendamos la Ciudad hizo pública una denuncia respecto a que cerca de 200 viviendas habrían sido construidas en una zona con peligro de inundación en la comuna de Codegua.
Según señalan, a la hora de construir este conjunto habitacional se habría omitido esta información de acuerdo al Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRIR), y el proyecto se habría regido por el Plan Regulador Comunal de Codegua, lo que permitió las obras.
Por ello, la alcaldesa Ana María Silva se lanzó en contra de los denunciantes y aseguró que la municipalidad ha sido “víctima de injurias”.
“Esto ha sido una mala información, subjetiva, parcial, donde hemos sido víctimas de injurias. Nosotros estamos presentando la próxima semana las querellas correspondientes en contra de quienes resulten responsables, especialmente en contra de Daniel Guzmán, Cynthia Ross, la ex concejala Esther Sepúlveda, de la comuna de Codegua, que salen mintiendo y entregando información que es totalmente falsa”, asegura la jefa comunal.
Asegura que «han sido acusaciones al vuelo, dicen que nosotros hemos entregado 200 viviendas y no se dice en qué sector, qué comité, qué personas son. La municipalidad no entrega viviendas, no entrega subsidios, nosotros hace muchos años, desde que soy alcaldesa, nunca hemos entregado un comité de vivienda, jamás y menos de 200 viviendas porque no lo hemos tenido en Codegua, la información es absolutamente falsa”.
Reconoce sí que en la comuna se han entregado subsidios, pero que para ello a las personas no se les pide informes previos para postular. “Yo he tenido desde el 2013 en adelante reuniones con autoridades nacionales y regionales para resolver este problema de entrega de subsidios en lugares donde no se pueden aplicar y donde la gente construye y después no se les pueden entregar los certificados de recepción. Nosotros tenemos todo eso en regla”.
“Nosotros rechazamos las carpetas de todas las viviendas construidas en zonas de riesgo (…) tenemos absolutamente todos los oficios que hemos enviado tanto a la Seremi de Vivienda como al Serviu, haciendo ver esta situación que es absolutamente anómala”, resaltó.
Reiteró que “el Serviu no pide el informe previo a la persona para postular» y en caso de que sí lo hiciera «saldría que está en zona de riesgo, pero la respuesta que a mí me dieron en el Serviu fue que todo chileno tenía derecho a tener un subsidio, independiente de dónde lo aplicara y que ellos no iban a pedir informes previos”.
Asimismo, enumera ciertas situaciones donde los denunciantes estarían faltando a la verdad: «Se hace referencia a que el Plan Regulador Intercomunal es de 2015 y es de 2010» y que «se hace referencia a que en el 2016 el Plan Regulador Comunal se habría parado por la inminencia de las elecciones y eso es falso: Jamás estuvo detenido, ni por elecciones, ni por nada, el proceso fue absolutamente legal”.
“Nosotros ante todas estas injuriosas y calumniosas declaraciones hemos decidido contratar un abogado. Niego absolutamente que haya corrupción en el municipio, eso no lo voy a permitir jamás y todo esto nace a raíz de un caso político que quieren armar, me imagino”, resaltó.
Acusó que “quieren enlodar mi imagen, cosa que no van a lograr porque yo voy a ir a tribunales a exigir las máximas sanciones que otorgue la ley (…) la querella será porque dicen que los funcionarios municipales son corruptos y que ha habido prevaricación funcionaria y eso no lo voy a permitir, porque eso no es así”.
Por su parte y en relación a este caso, la Seremía de Vivienda aseguró «no tener antecedentes sobre el nombre del comité, ubicación geográfica de las viviendas, ni nada que nos permita fiscalizar el estado actual de estas viviendas”.
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