Este martes se dieron a conocer los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica, informe que evalúa a las comunas y ciudades con más de 50 mil habitantes en relación a la provisión de bienes y servicios que estas entregan a sus vecinos.
Esto, sobre la base de seis grandes variables: Vivienda y Entorno; Salud y Medio Ambiente; Condiciones Socioculturales; Ambiente de Negocios, Condición Laboral, Conectividad y Movilidad.
Este año, Machalí fue la comuna de la región de O’Higgins mejor evaluada, ya que se se ubicó en el puesto número 10 a nivel nacional. Fue seguida por Rancagua (25 en el país); Rengo (49), San Fernando (61) y San Vicente (73).
Arturo Orellana, coordinador del equipo de trabajo de la Pontificia Universidad Católica, sostuvo que en el estudio de este año «es interesante observar cómo ha mejorado la calidad de vida urbana en comunas de regiones, especialmente en lo que dice relación con condiciones socioculturales y laborales».
Sin embargo, recalcó que también fue posible ver que en las regiones «todavía existen importantes brechas en dimensiones como ambiente de negocios; y salud y medio ambiente».
En ese sentido, la CChC Rancagua entregó sus propuestas para mejorar la calidad de vida urbana de las comunas en pos de lograr disminuir estas brechas y conseguir que estas mejores sus índices.
La primera recomendación de la CChC dice relación con la urgencia de que las comunas puedan elaborar planes de desarrollo que consideren, sobre todo, estrategias para atraer inversión tanto pública como privada.
Por otro lado, recomiendan que se definan e implementen estándares urbanos mínimos para que, mediante el trabajo y la inversión del sector público y privado, se puedan disminuir las brechas de calidad de vida urbana en todo el país.
Asimismo, con la finalidad de allegar más recursos, en especial para aquellas comunas con menor calidad de vida urbana, recomiendan que la exención del pago de contribuciones, dependa solo del nivel de ingreso de las familias y que el Estado sea quien asuma este pago cuando estas no puedan costearlo debido a sus bajos ingresos.
Además, aconsejan que las comunas, ya sea a través de gestiones propias o con el apoyo del gobierno central, puedan utilizar un sistema de monitoreo sociodemográfico con la finalidad de anticipar las necesidades de sus habitantes para garantizarles una dotación mínima de bienes y servicios.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas