Fui profesor de María Isabel Pérez Aravena, asesinada fría y cruelmente por quien la prensa denominó como “El psicópata del Pincel”, atribuyéndosele la condición de profesor de arte que nunca tuvo. ¿Por qué no hay justicia para ella? Porque su asesino salió en libertad, tras cumplir alrededor de un tercio de la condena.
¿A quién mató? María Isabel era estudiante de Pedagogía en Enseñanza General Básica, de carácter sobrio, agradable, aunque de no mucha cercanía con los demás, pero sin llegar a ser poco sociable. Buena compañera con sus compañeras de curso: facilitaba los apuntes, y la buscaban para las actividades grupales, ya que su sentido de la responsabilidad la hacía muy buena estudiante, lo fue de la asignatura que yo impartía: Sociología de la Educación.
El asesino de María Isabel está en libertad porque una comisión para otorgar la libertad así lo decidió. Esta situación merece una reflexión: familias y cercanos a las víctimas de asesinato esperan una pena justa para el culpable, tras todas las instancias previas para a un veredicto, viene la resignación si la pena fue suave o la conformidad si la pena fue dura. Todos creemos que ese fue el fin del juicio. Toda la institución judicial, con sus jueces y ministros, las apelaciones y los abogados litigantes y el resto de la parafernalia, todo indica que fue el Estado de Chile a través de uno de sus poderes el que estableció una pena definitiva. Pero no es verdad: la pena aplicada no es definitiva.
Existe la libertad condicional, que otorga una comisión, una vez cumplida una fracción de la pena (que en el caso no fue la mitad). Se basa en el sofisma “te condeno a estar en libertad”. En una comisión formada en cada Corte de Apelaciones en que participa el presidente de esta, más cuatro o diez jueces de los juzgados de garantía o de juicio oral en lo penal. Cuando se otorga la libertad provisional se hace cargo el delegado de Gendarmería para la libertad condicional, quien elabora un plan de intervención que el favorecido firma
El angelito debe recibir del Estado educación, capacitación y reinserción laboral; el delegado, además, debe apoyar el acceso para que también sea beneficiario de la red de protección del Estado en salud y salud mental, empleo y desarrollo familiar y comunitario. Beneficios financiados con los impuestos de todos, incluidos los que pagan las víctimas.
Así es la justicia chilena, con penas de chicle, y sin tener jueces de cumplimiento de penas. Por ello no hay justicia para mi recordada María Isabel.
Rodrigo Larraín Contador
Académico de la Universidad Central de Chile
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